1. DIAGNÓSTICO
En el proceso de dos siglos que tarda nuestra historia independiente, el Estado ha tenido un papel significativo en la constitución de un pueblo político. Esfuerzos a gran escala en los ámbitos educacional y cultural, jurídico y organizativo, militar, sanitario, de la infraestructura y la producción, han generado avances en el país que, pese a interrupciones y conflictos importantes, han operado en dirección a la conformación de un orden institucional republicano, que ha ido abriendo, paso a paso y, aunque de modo insuficiente, progresivamente, espacios de integración social y participación democrática.
En un grado decisivo, es de esos esfuerzos que ha dependido la constitución de una forma de existencia nacional compartida, que, en partes es difusa y de carácter dinámico, empero, es discernible en algunos aspectos importantes. Diversos autores han reparado en la influencia que ha ejercido el paisaje, la tierra sobre el elemento humano; ha sido notada, asimismo, la marca que deja el contexto cultural y geográfico en común con los pueblos americanos, atenuada, con todo, por una situación de aislamiento y de fin de mundo.
El despliegue paulatino del pueblo y la institucionalidad se encuentra en un momento problemático. Nos hallamos hoy en una crisis epocal. No se trata simplemente de una disputa entre partidos ni de una tensión circunstancial o peregrina entre la opinión pública y los representantes políticos. Estamos ante un desajuste mayor. Diversos cambios acumulados a lo largo de los años han terminado produciendo que las inclinaciones, anhelos y capacidades populares operen en una dirección distinta respecto de las instituciones, las élites y los discursos políticos. Las instituciones y las élites, en sus acciones y sus palabras, no están siendo capaces de brindar expresión y cauce a la situación popular. Expresiones palmarias del desajuste son las manifestaciones de octubre de 2019 y la grave y continua pérdida de legitimidad de las instituciones.
Tanto por el lado de la situación popular, cuanto por el de las instituciones, élites y discursos, constan alteraciones de envergadura que inciden en la crisis. Si la estabilidad de la transición dependió de un cierto ajuste entre los dos polos en tensión identificados, cabe explicar la crisis como una intensificación de esa tensión. Ambos polos tienen aspectos discernibles y otros más ocultos. Algunos aspectos del pueblo se dejan identificar, pero él no es un objeto o una esencia fija, sino un dinamismo complejo, en parte manifiesto, en parte misterioso. De su lado, las capacidades espontáneas y creadoras de grupos o dirigencias políticas siempre importan un elemento de discontinuidad imprevisible. No obstante lo anterior, y aunque sin pretensión de agotarlos, es menester dirigir la atención hacia ambos polos.
En lo que respecta al polo popular, debe repararse en aspectos que están incidiendo en la crisis, algunos debidos a alteraciones de entidad.
- Un período de fuerte crecimiento económico durante los últimos treinta años hizo que la pobreza retrocediera masivamente y que las clases medias llegasen a ser mayoritarias. Ellas se distancian del hambre, el frío y la desnutrición, males vastamente extendidos hace tan sólo unas décadas. Se integran socialmente y quedan vinculadas en un plan de mayor horizontalidad, a la vez que se perciben sometidas a dinámicas de mercantilización, materialismo, inautenticidad e inestabilidad social y laboral. No debemos romantizar las condiciones de vida del pasado, pero es un hecho de que la experiencia vital estaba mediada por una multiplicidad de instituciones intermedias fuertes: parroquias, clubes deportivos, barrios de tamaño abarcable, familias, empresas paternalistas, y un estado cívico relativamente fuerte en el discurso y en presencia; su desaparición conllevó la formalización a través del mercado de gran parte del ciclo de vida de las personas.
- El centralismo exacerbado, la ausencia de consciencia territorial y un crecimiento económico dispar han deteriorado la relación del elemento humano y el paisaje. En Santiago existe un urbanismo segregado, hacinado y mezquino. Las plazas, parques, costaneras, teatros, museos, etc. son mínimos, las veredas angostas; el transporte colectivo urbano, congestionado y de largas distancias, es antes campo de lucha y cansancio que de posible trato cordial. El uso, en general, del espacio capitalino, en la calle, los centros comerciales, los barrios, las experiencias de posibles encuentros allende la intimidad, son asunto de labores crecientemente intensificadas y de sofisticadas estrategias destinadas a evitar agresiones y miedos que se incrementan con la concentración. La vida social carece, entonces, de ámbitos de realización adecuados. Los vecindarios sin “áreas libres”, ni “áreas verdes”, faltos de viviendas espaciadas y lugares de convivencia, se vuelven barrios-dormitorio. El narcotráfico, una organización con especial consciencia territorial, puede desplegarse establemente.
- El correlato de la capital hacinada son provincias abandonadas, desprovistas de autoridades territoriales dotadas de las competencias políticas suficientes como para resolver eficazmente los problemas; carentes de un peso económico, social y cultural comparable al de Santiago. Sin poder en los territorios, sin cuadros humanos y recursos proporcionados, se acumulan los problemas territoriales sin solución a la vista y se vuelve inviable un despliegue proporcionado del pueblo por el paisaje, del cual fuese esperable la más fácil ampliación y masificación de los espacios idóneos para la habitación y el encuentro. Los deterioros del territorio se agregan sin perspectivas de solución, entre ellos: las zonas de sacrificio, el desierto que avanza, la devastadora mega-sequía en el centro del país, la desconexión del sur austral y su conformación como un inmenso parque nacional vedado a un armónico asentamiento de la población.
- Consta, como decíamos más arriba, una alteración profunda en las organizaciones populares básicas. Las maneras primarias de agrupación y articulación del elemento humano se encuentran hoy en una crisis. Familias, sindicatos, vecindarios, iglesias, partidos políticos, agrupaciones que antaño eran capaces de coordinar masiva y eficazmente los anhelos y capacidades de los individuos y ser ámbitos habituales de encuentro comunitario, se han debilitado drásticamente. Distintos factores influyen en el fenómeno, entre otros: el deterioro de los espacios vecinales y la debilidad aludida de la institucionalidad de los territorios; la estrechez de las viviendas y la falta de apoyos para el desenvolvimiento de la vida familiar; la crisis de la religiosidad y los casos de abusos en las iglesias; la percepción de inestabilidad de los contextos laborales, la extensión de las jornadas de trabajo y la presentación de la individuación como virtud; la clientelización de los partidos políticos, su demonización y la crítica irreflexiva de la labor pública, así como el masivo financiamiento ilegal al que estuvieron expuestos.
- Tienden a incrementar rápidamente su importancia las formas virtuales de comunicación. Ellas, la vez que aceleran los contactos, los vuelven superficiales y facilitan el aislamiento. Con la mirada capturada en su dispositivo, el individuo puede salirse del entorno más inmediato y dispersarse en una multiplicidad de interacciones ligeras y fugaces. En el ámbito político, las redes virtuales aumentan las capacidades de difusión de información, a la vez que, en paralelo, diluyen la espesura de las ligazones políticas tradicionales. Como han revelado casos conocidos, además, ellas se prestan para formas de manipulación comunicativa difíciles de detectar y con capacidad eventual de incidencia en resultados electorales. El diálogo, la deliberación política, resulta dificultada, asimismo, en contextos donde se privilegia la afirmación de la apreciación subjetiva y el impacto por sobre el intercambio en presencia del otro y según justificaciones argumentativas. El espacio de encuentro en la conversación gratuita tiende allí a desaparecer.
- No sólo las alteraciones en la situación concreta, sino también las características de las instituciones, las actuales élites y los discursos políticos juegan un papel relevante en la crisis.
- El Estado chileno se halla anquilosado. Los funcionarios de partido tienen un peso mayor al adecuado para brindarle carácter nítidamente profesional a la burocracia y continuidad a las políticas relevantes. Falta una carrera funcionaria general y homologable, en la cual se privilegie con mayor énfasis la excelencia y se facilite la conformación de una burocracia autónoma, dotada de un ethos propio vigoroso.
- El Estado es, asimismo, débil en áreas en las cuales su presencia es necesaria: la innovación, el fomento productivo; la provisión suficiente de un recurso tan básico como el agua; el aseguramiento de condiciones de vivienda y educación (especialmente en la escuela) razonables para todos; el combate a los abusos de los económicamente poderosos; incluso en las tareas de seguridad pública e inteligencia. La presencia territorial del Estado es, hemos visto, muy frágil, con provincias articuladas en regiones que, desprovistas de facultades y recursos suficientes, son impotentes para solucionar los problemas más graves de los territorios.
- Por su parte, la matriz productiva nacional se encuentra fuertemente concentrada y acusa escasa complejidad. La dependencia del cobre no ha logrado ser decisivamente aminorada. La productividad se viene estancando en los sectores críticos de la economía hace décadas. Consta, además, un lamentable expediente abultado de abusos, colusiones y prácticas usualmente constatables de determinación negociada de precios, que vulneran el funcionamiento honesto y eficaz de la economía, y afectan el justo premio a la innovación y emprendimiento.
- Las élites han perdido poder comprensivo, junto a las capacidades de imaginar y abrir nuevos rumbos políticos, económicos y sociales al país con firme asiento en la realidad popular concreta. La conformación del espacio en general está en crisis por la falta de consciencia espacial del sistema político chileno y esa crisis de la espacialidad incide decisivamente en la pérdida de aptitudes comprensivas de las élites. El problema adquiere la forma de un círculo vicioso: élites que han terminado encerradas en barrios segregados, se desvinculan de los territorios y de la situación popular, y toman decisiones políticas desarraigadas; la segregación se incrementa; los territorios pierden poder, recursos, cuadros humanos y el proceso continúa en una espiral que se interrumpe con protestas masivas y estallidos violentos cada vez más frecuentes y extendidos.
- En el campo ideológico, es posible constatar una crisis de los discursos. En los sectores de la ex Concertación se advierte la carencia de un diagnóstico diferenciado de la situación, así como de una propuesta política propia. En los extremos, a la derecha y la izquierda, hay discursos altamente abstractos.
A un lado, un pensamiento de talante economicista, que entiende a la sociedad como agregación de individuos y reduce al Estado eminentemente al papel de gendarme del buen funcionamiento del mercado, buscando la eficiencia por sobre la robustez de las instituciones. Se soslaya la dimensión comunitaria del ser humano, así como su pertenencia a una colectividad que comparte rasgos, formas de pensar y sentir, un destino común. Ese discurso dificultó en ciertos sectores entender lo que ocurrió el 18 de octubre.
En la izquierda, de su lado, se ha posicionado un pensamiento radical de tono moralizante que condena al mercado como “mundo de Caín” o fuente de alienación y espera de un proceso público-deliberativo el avance hacia un estadio de plenitud. El avance exige desplazar al mercado de áreas enteras de la vida social para lograr decisivamente que los individuos modifiquen sus consciencias y pasen del egoísmo mercantil a la generosidad. No se repara en la importancia del mercado como factor de división del poder social (sin mercado, el Estado controla todos los recursos económicos disponibles; el poder económico y el político se concentran y la libertad queda amenazada). Tampoco se considera que la deliberación pública, aunque ayuda a liberarnos de prejuicios llamativos o perjudiciales, no conduce necesariamente a la plenitud. Es escrutadora y es generalizante. O sea, es hostil a lo íntimo de los seres humanos, así como a su singularidad; también a lo nuevo, lo raro, lo que se aparta de “lo políticamente correcto”. Tiene así un potencial opresivo del que es menester hacerse cargo.
Por el lado de la situación popular concreta, así como por el lado de las instituciones, élites y discursos constan alteraciones importantes y factores que contribuyen a un desacople de aquéllas y éstos. La tensión entre ambos se acentúa y de tal suerte que el pueblo no se siente reconocido en las instituciones y discursos, no se percibe acogido por las élites, y deviene rebelde.
La labor política fundamental, la primera de todas y la base de cualquier despliegue espiritual y material de la nación, la que permite discernir los gobiernos y coaliciones políticamente relevantes de los frustrados, es la tarea de producir legitimidad: imaginar y proponer reformas e instituciones plausiblemente justificadas, que abran cauce material y simbólicamente a las capacidades, anhelos e inclinaciones populares, de tal suerte que el pueblo llegue a prestarles su asentimiento. Es eso lo que se halla en crisis hoy; esa la relación que debe ser arreglada.
Un primer paso hacia la salida de la crisis fue dado el 15 de noviembre de 2019. Aquella noche los principales partidos políticos del Congreso decidieron proponer la vía a su alcance, la constituyente, como un camino hacia la superación del desajuste. Esa propuesta fue respondida masiva y responsablemente por la ciudadanía, con una participación electoral contundente y un resultado claro a favor de la nueva Constitución.
La Constitución es, empero, aunque importante, un primer paso. La Crisis del Centenario, en cuyas similitudes con la actual es posible llamar la atención, es una buena ilustración sobre la insuficiencia de la Constitución. La carta de 1925 estableció efectivamente herramientas que resultaron fundamentales para el orden de las décadas siguientes. Así, por ejemplo, quedaron puestas las bases de un incipiente Estado social y se fortaleció la autoridad del Presidente de la República frente al Congreso. Sin embargo, la aprobación de la Constitución no bastó, ni de lejos, para superar definitivamente la crisis y fue recién durante los años treinta que el orden político volvió a entrar en curso de normalidad.
De manera análoga, cabe prever que la nueva Constitución será condición necesaria de avance, pero no suficiente. Es menester, además, instalar la nueva Constitución y adoptar las medidas políticas que vayan contribuyendo a encauzar la convivencia nacional, todo lo cual necesita un pensamiento político consciente de los polos entre los que opera la política, distante de los discursos más extremos o excluyentes, así como especial lucidez política en las dirigencias.
2. REPUBLICANISMO POPULAR
Ante una situación popular en ebullición, que difícilmente se reconoce en las instituciones y discursos vigentes, se necesita un planteamiento sobre el cual asentar la convivencia de las próximas décadas. Se requiere un pensamiento político capaz de brindar orientación a la crisis epocal por la que atravesamos, de hacer frente a sus principales causas, desactivar el carácter más dañino de los discursos extremos y abrir los horizontes de sentido a los cuales todos o una gran mayoría puedan brindarle su asentimiento.
La situación política lograda es aquélla en la cual el elemento humano se reconoce en su institucionalidad. Esa institucionalidad produce un contexto que le permite al pueblo hallarse en armonía consigo mismo y adecuadamente situado en su territorio.
En los pueblos que han pasado por períodos largos de libertad política, habituados en ambientes republicanos y democráticos, ese reconocimiento se vuelve incompatible con regímenes autocráticos o de concentración del poder. En sus dos siglos de existencia independiente, pese a severos escollos y disputas, el pueblo chileno ha alcanzado un talante eminentemente republicano y democrático. Ha habido en Chile un avance sostenido, trascendente a las crisis, de las instituciones políticas republicanas –la división de poderes, el Estado de Derecho– y de la organización democrática. Incluso en el momento de una crisis tan severa como la actual, consta todavía una adhesión preponderante al proceso político democrático, expresada en la participación masiva y responsable en el plebiscito constitucional.
En este contexto, la situación política lograda es aquella que cumple las siguientes condiciones: en ella (1) hay un sistema institucionalizado en el cual existe, además, división efectiva del poder social; (2) el pueblo se siente reconocido en la institucionalidad.
Los principios de la realización institucional del pueblo en su territorio, para pueblos educados en contextos libres y democráticos, son las bases de una postura a la que cabe llamar republicanismo popular y que viene a coincidir con una centroderecha con vocación social. Los contenidos elementales de esta propuesta política son dos: el principio republicano y el principio popular-terrestre
El principio republicano apunta a la instauración de una institucionalidad en la cual el poder se halle efectivamente encarnado y establemente dividido. El principio popular-terrestre, de su lado, se dirige a la integración institucional del pueblo concreto, tanto consigo mismo, cuanto con su territorio.
Estos principios se orientan a la realización de una política que se entiende como conseguida si se alcanza de manera receptiva la situación popular y se le da eficazmente expresión; si el dinamismo popular resulta captado y reconocido establemente; si las inclinaciones, anhelos y capacidades populares son intuidas y obtienen articulación en una institucionalidad adecuada.
Ambos principios operan en direcciones diversas. Ellos se hallan en una tensión. Esa tensión no se deja resolver simplemente en favor de uno de los principios, sino que debe atenderse a ambos a la vez.
El republicano puede ser descrito como principio de la dispersión. Apunta a la encarnación institucionalmente dividida del poder que sustenta a la república y que es capaz de garantizar la libertad. Se necesita un asentamiento estable del poder en un territorio y respecto de un grupo humano; sobre esa base, que el poder asentado logre dividirse. En la medida que el poder se encuentra dividido, quienes se hallan afectados por ese poder gozan de mayores grados de libertad.
El principio popular-terrestre opera hacia la integración. Él se orienta a la inclusión de los diversos grupos humanos que habitan un mismo territorio, de tal suerte que, atendiéndose a sus diferencias, puedan entrar, sin embargo, conjuntamente a formar parte en una totalidad en la que se experimenten reconocidos según ciertas condiciones comunes. Esa inclusión compartida es la base propicia para el surgimiento de lazos colectivos, de la cohesión social, para que se constituya una esfera comunitaria que, además de erigirse en un campo de interacción colaborativo dotado de sentido, sea capaz de incrementar los niveles de confianza social y sostener a la unidad política.
Este principio abarca el aspecto terrestre del pueblo, que es parte constitutiva suya y un asunto del que ha de hacerse cargo la política. El territorio no es sólo materia prima u objeto de manipulación. Es parte constitutiva de lo humano: el lugar sobre el que se instala y habita el pueblo; es fuente de nutrición y recursos; es una totalidad vital y estética en la que cabe experimentar significado. Dado que la relación del elemento humano con su paisaje admite diversas maneras de configurarse, unas desplegantes, otras frustrantes, la política está bajo la exigencia de considerar tales modos de configuración; desatender a ellos es desasimiento irresponsable.
Ambos principios deben operar conjuntamente. Solo institucionalismo republicano sin integración popular-territorial, es vacío: maquinaria sin espíritu ni cohesión suficiente, trastabillando entre la opresión que somete al individuo bajo la funcionalidad y sujetos que, al no hallar reconocimiento adecuado en un contexto comunitario, tienden a actuar sin lealtad con las instituciones. Un pensamiento popular-territorial descuidado con las divisiones del poder y las garantías republicanas, es ciego. Se inclina a una integración cerrada, hostil al distanciamiento, la diversidad y la libertad.
La unión del principio republicano y el popular alude a una concepción de la existencia política que ni quiere renunciar al ideal ilustrado de un gobierno institucional respetuoso de la libertad, ni al pensamiento del pueblo como unidad concreta, integrada humana y territorialmente en su diversidad.
Esta unidad de principios en tensión, con la que se identifica la centroderecha social, a la vez que aboga, en su veta popular-territorial, por la superación del extremo economicista o de Estado mínimo, permite, gracias al republicanismo, no caer en la pretensión del Estado total, ni en la subsunción a la que se termina sometiendo al individuo en una operación moralizante, escrutadora y generalizante, y en la cual se concentra el poder social en manos del Estado. En la medida en que el republicanismo popular las considera a ambas: a la integración popular-territorial y a la división republicana del poder social, esa propuesta puede ser depositaria de una legitimidad que descansa en el reconocimiento tanto del aspecto público o comunitario del ser humano, cuanto del personal, interior o íntimo; de sus dos caras. Se trata de una integración que no descuida la libertad.
3. PROPUESTAS SEGÚN ÁREAS
Hay tres relaciones que poseen carácter tensional y que debe considerar el pensamiento republicano y popular de una centroderecha social en la época presente: (A.) La relación entre el Estado central y el territorio, que proponemos abordarla mediante regionalismo político; (B.) La relación entre el Estado y la sociedad civil, que buscamos orientar según la solidaridad nacional; y (C.) La relación entre el Estado y el mercado, que la trataremos conforme a un republicanismo colaborativo. Es necesario atender a esas tensiones pues, a la vez que ellas son fundamentales para una configuración política en la cual el poder esté dividido y el pueblo integrado consigo mismo y con el territorio, ellas se hallan actualmente en crisis.
A. REGIONALISMO POLÍTICO
El ser humano se despliega en el espacio y esa espacialidad, en su caso, es terrestre. La consideración del territorio en sus sentidos fundamentales, esto es, como asiento estable, como fuente nutricia y como un todo vital estético o paisaje, es una tarea eminente de la política. De las maneras en las que se organice el territorio dependen las posibilidades del pueblo y los individuos que lo conforman de desplegarse o frustrarse: si en ciudades hacinadas, estrechas, segregadas o si en ciudades integradas al paisaje y con espacios amplios y a escala humana; si según un centralismo exacerbado que abandona a las regiones o si con una institucionalidad que dote de poder y recursos a los territorios. Puesto que de esas maneras pende también la plenitud o frustración de la vida humana, el Estado y la política quedan puestos ante la exigencia de favorecer articulaciones espaciales adecuadas a esa plenitud.
El actual centralismo introduce una desproporción severa en la relación del pueblo con el territorio y es fuente de graves males que están, junto a otros problemas, en la base de la crisis por la que atravesamos. Aquellos males se refieren, como hemos visto, eminentemente al hacinamiento, la artificialidad y la segregación de la vida en la capital desbordada, así como al abandono de las regiones, que acumulan problemas sin solución a la vista. Se hace necesario volver a pensar al territorio y la institucionalidad territorial: la relación del Estado central con la geografía del país.
Se ha de avanzar hacia un regionalismo político, que opere en varios sentidos:
- Redefinición de la institucionalidad territorial que apunte a la organización paulatina del país en macro-regiones dotadas de competencias políticas, gobernadores elegidos, un cuerpo regulador y presupuesto regional equitativo. En lo inmediato, es imprescindible perfeccionar el marco legal para una instalación efectiva de los gobernadores regionales.
- Fortalecimiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y establecimiento de mecanismos para garantizar el buen uso de los recursos.
- Reorganización de los municipios. Ellos son las instituciones del Estado más próximas a las ciudadanas y ciudadanos. Deben ser dotados de recursos suficientes para llevar a cabo sus tareas, junto con entregársele más atribuciones. En este sentido, proponemos avanzar hacia un reagrupamiento y concentración de las comunas, para fortalecer sus cuadros humanos y sus recursos.
- Modificación al Fondo Común Municipal, para establecer un mayor aporte fiscal directo desde el Estado, que incluya la fijación de un piso mínimo por habitante y otro variable para población transitoria.
- Impulso a una política nacional indígena, que incorpore la consideración de la cuestión territorial, el diálogo intercultural, el acercamiento y el aprendizaje mutuo como partes del mejor camino para promover la diversidad, la integración y la coexistencia respetuosa.
- Establecimiento de una política nacional del agua, orientada a resguardar la seguridad hídrica del país, garantizando el consumo humano y favoreciendo un desarrollo sostenible y equitativo de los territorios, incluyendo las actividades productivas, la agricultura y la minería. Con esta mirada podremos asegurar la igualdad entre las distintas zonas del país, ganar nuevas tierras para la habitación y la producción, así como prevenir conflictos sociales, manteniendo también la estabilidad económica y política del país.
- Instauración de una política nacional de desarrollo urbano que vele efectivamente por la calidad de los proyectos de vivienda social y clase media, para que no sigamos construyendo urbanizaciones con malos accesos, falta de servicios y áreas comunes. Las ciudades deben ser espacios amplios, de encuentro e integración entre sus habitantes, integradas al paisaje y dotadas de viviendas espaciadas y áreas comunes suficientes para el florecimiento de todas las actividades humanas fundamentales.
- Desarrollo de una política integral de fortalecimiento de los espacios públicos no deliberativos, vale decir: espacios de encuentro no laborales ni de decisión política, los cuales son fundamentales para el encuentro comunitario y social entre conciudadanas y conciudadanos. Ellos incluyen: playas, parques, vecindarios, plazas, costaneras, centros deportivos; sistemas de transporte colectivo como el Metro y el tren; lugares culturales como teatros y cines, bibliotecas y museos; hipódromos, estadios, veredas, lagunas, piscinas públicas, etc., y en los que se desarrolla una parte fundamental de la vida en común.
B. SOLIDARIDAD NACIONAL
La vida social se desenvuelve en organizaciones diversas: familias, universidades, institutos y comunidades escolares; sindicatos, gremios profesionales y productivos; centros de alumnos y federaciones de estudiantes; juntas de vecinos, iglesias, cofradías iniciáticas o filantrópicas, asociaciones de escritores, partidos políticos, organizaciones de pueblos originarios, clubes deportivos, agrupaciones de consumidores, etc. Esa vida social es fuente de experiencias de sentido. Ella brinda campo de expresión a los anhelos y capacidades fundamentales del ser humano: intelectuales, afectivas, estéticas.
El Estado no puede generar directamente esa vida social. Ella depende de la espontaneidad de los grupos humanos y los individuos que los conforman. Sin embargo, el Estado sí puede dañarla o favorecerla. El Estado vive de supuestos que es capaz de apoyar pero no de producir. Así como no produce la tierra sobre la que él se asienta, no produce tampoco la vida comunitaria. Y, sin embargo, sin ella “el Estado es una osamenta seca, sin vida ni espíritu”.
Hemos visto que actualmente se constata un debilitamiento, en diversos casos drástico, de los vínculos comunitarios. Iglesias, sindicatos, vecindarios, familias, partidos políticos se hallan en una crisis grave. Ella importa un vaciamiento severo. Sin contextos comunitarios, la vida tiende a diluirse en el entramado mediado y más superficial de las redes sociales de carácter virtual y la soledad.
El despliegue de la vida social y de las diversas agrupaciones que la componen exige, además, que el Estado garantice la seguridad exterior e interior a sus ciudadanas y ciudadanos, de tal suerte que los espacios públicos y privados puedan ser ámbitos de relaciones pacíficas y confiadas.
Se ha de fomentar la solidaridad nacional: que la acción política, respetando su esfera respectiva de autonomía, estimule, fortalezca y asegure las condiciones para el despliegue de las diversas agrupaciones de la sociedad civil, especialmente las que favorecen vínculos de afecto, integración y pertenencia. La solidaridad nacional debe apuntar, también, en varios sentidos:
- Apoyo a las familias, dotándola de las herramientas necesarias para alcanzar su despliegue y el de sus integrantes, generando las condiciones para una mayor compatibilidad entre la vida familiar y el trabajo.
- Daremos particular importancia a aquellas políticas orientadas a fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, especialmente aquellas capaces de generar vínculos comunitarios, como los sindicatos, los clubes deportivos, las iglesias, etc. Son estas instancias de participación, además, la primera línea de defensa contra el avance del narcotráfico en los vecindarios.
- Programa para enfrentar el déficit habitacional, destinando más recursos a la compra de terrenos, la reasignación de terrenos fiscales y la construcción de viviendas, disminuyendo procesos burocráticos, y garantizando viviendas dignas, con integración social.
- Fortalecimiento de la educación pública, a través de una mejor carrera docente, que reconozca el trabajo del profesor y establezca condiciones razonables para practicar la enseñanza. En este mismo sentido, se debe impulsar también políticas eficaces que mejoren decisivamente el proceso de formación de profesoras y profesores y hagan más atractiva la carrera docente.
- Ley de sala cuna universal, para complementar la estimulación y cuidado de los niños, y las posibilidades laborales de los padres; y ampliación de la oferta en jardines infantiles.
- Fomento de la corresponsabilidad parental, mediante la modificación del financiamiento de permiso parental del padre a cobertura fiscal y no de cargo del empleador, haciendo irrenunciable su uso.
- Reforma integral al sistema de salud, incluidas: la creación de un plan universal de atención equitativo y solidario en su financiamiento, que permita dar mayores coberturas; el fortalecimiento de la red de atención primaria; la dotación de suficientes especialistas; la cobertura de la salud mental; el establecimiento de un seguro de medicamentos; la reducción de los aranceles de importación de insumos y principios activos; la generación de incentivos para contar con más medicamentos genéricos y bio-equivalentes. Incrementaremos, además, los esfuerzos y recursos para avanzar con cirugías y procedimientos que permitan asumir los retrasos a causa de la pandemia.
- Fortalecimiento de los derechos de las mujeres, que incluya: la creación de una Defensoría Pública de la Mujer; la exigencia de un gabinete ministerial paritario; la ampliación de la ley de cuotas de candidatas para las elecciones de concejales y consejeros regionales, con un piso mínimo de 40%, incluyendo el reembolso extra que hoy tienen las candidatas a parlamentarias.
- Impulsaremos una actualización del sistema procesal penal, recogiendo una serie de propuestas que buscan mejorar la capacidad del Ministerio Público, y mejorando la capacidad de las víctimas de intervenir en el proceso con la creación de la Defensoria Victimas.
- Mejoramiento de la seguridad y combate a la delincuencia, incluida la reforma a las instituciones policiales, especialmente Carabineros. Valorando la trayectoria de esta institución es necesario apoyarla decisivamente para que logre incrementar sus niveles de legitimidad y sus capacidades de producción de confianza ciudadana.
- Reforma al Sistema de Inteligencia del Estado que hoy se tramita en el Congreso. El país requiere de una institucionalidad profesional y coordinada, que le asegure anticiparse a los hechos y brinde información oportuna para la toma de decisiones, en un marco con mayores estándares democráticos que el actual y con controles civiles y legislativos.
- Modernización de las FF.AA., para que puedan seguir cumpliendo su rol disuasivo y polivalente, extendiendo la carrera militar para aprovechar al máximo la formación y experiencia adquirida a lo largo de los años, junto con promover condiciones que incentiven la incorporación de personas de excelencia, lo cual hace aconsejable mantener el actual sistema previsional.
C. REPUBLICANISMO COLABORATIVO
Estado y mercado son centros capitales del poder social. Ellos permiten realizar con eficacia tareas de envergadura nacional. Así, el Estado vuelve posible: mantener la paz, hacer cumplir el derecho, apoyar a las capas medias y a los sectores más desprotegidos mediante políticas sociales, asegurar la educación, respaldar a las organizaciones de la sociedad civil, fomentar la producción. El mercado, de su lado, es articulador a gran escala de la producción y el consumo. Los dos deben ser considerados para dividir y equilibrar las fuerzas nacionales, así como para lograr ordenadamente los objetivos de crecimiento económico e integración social.
Tanto el Estado como el mercado son imprescindibles para la instauración de un contexto productivo favorable al despliegue nacional. La importancia de ambos en la actividad productiva no se circunscribe a papeles específicos y separados (como a que el Estado deba garantizar un marco de seguridad jurídica a la operación del mercado o el mercado desenvolverse simplemente, dentro de ese marco, por sí mismo). Además, existen tareas de carácter productivo o que tienen alcance productivo, como la educación, la investigación, el fomento de la producción, en las cuales la colaboración entre ambos centros de poder social es del mayor significado. El crecimiento económico es relevante para mejorar el bienestar de la totalidad, la prosperidad sostenible del país. Si bien él no asegura por sí solo la caída de la desigualdad, él es una condición necesaria para que la desigualdad pueda disminuir en un ambiente de estabilidad institucional. Por lo tanto, el Estado debe preocuparse de asegurar la sostenibilidad del crecimiento a largo plazo, al mismo tiempo que debe estructurar el gasto social de manera de fomentar la salida de la pobreza. Sin asumir necesariamente la ejecución de las labores productivas, el Estado ha de tomar sobre sí, cuanto menos, las tareas de fomento de la producción y apoyo a la educación y a la investigación aplicada.
Estado y mercado se hallan en crisis. Esa crisis es tanto de eficacia como de legitimidad. La crisis de legitimidad del Estado consiste en su incapacidad de producir reconocimiento político y, antes que eso, de brindar cauce institucional de expresión y despliegue a las capacidades, tendencias y anhelos populares. A esa crisis contribuyen, como se ha dicho, discursos estreñidos y élites devenidas oligárquicas, pero también un Estado que viene careciendo de la conformación y las fuerzas requeridos para cumplir con eficacia sus funciones. Consta una falta de competencias suficientes en los cuadros de algunas reparticiones y la ausencia de una carrera funcionaria que las favorezca decisivamente; una organización que en varios aspectos es vetusta; procedimientos obsoletos; un rigorismo centralista exacerbado.
El mercado pasa también por una crisis de legitimidad, la cual cabe radicar, en parte, en los casos de abusos conocidos y reiterados, la falta de capacidad comprensiva suficiente en algunas dirigencias empresariales, el predominio de formas anónimas o concentradas de la propiedad, la ausencia de trabajadores en el gobierno de las empresas y de formas colaborativas de propiedad (cooperativismo).[i] En la crisis incide también y de manera relevante un estancamiento de largo aliento de la productividad de la economía nacional, el cual compromete masivamente las expectativas de bienestar material de todos.
Se necesita un republicanismo colaborativo, que apunte a dividir el poder social entre el Estado y el mercado, de tal suerte que no haya concentración de poder ni en sede estatal ni en sede privada; a que, dentro de los ámbitos respectivos, se garantice tanto la distribución del poder cuanto la eficacia de las operaciones del Estado y el mercado. El republicanismo colaborativo exige avanzar en los siguientes sentidos:
- Modernización del Estado, que apunte a conseguir una mayor cercanía y capacidad de servicio de las instituciones públicas y que incluya: la renovación de la administración pública, con una carrera funcionaria exigente, clara e igualitaria. Esto implica una redefinición general de funciones y poderes de los organismos públicos. En este marco fomentamos también las buenas prácticas, la probidad y la responsabilidad de los funcionarios públicos.
- Creación de una agencia de evaluación de políticas públicas y ampliación de las evaluaciones a los programas sociales y no sociales del Estado.
- Creación del ombudsman, con las capacidades y autonomía para defender a las personas frente a vulneraciones a sus derechos por parte del propio Estado y sus organismos.
- Reforma al mercado, para fortalecer la competencia; controlar los monopolios y oligopolios; alinear incentivos entre empresas y trabajadores, por un lado, haciendo respetar la voluntad del legislador en materia de gratificaciones haciendo que sean consideradas como una entrega de utilidades a los trabajadores; por otro lado, promoviendo un nuevo pacto laboral de coordinación de intereses: el Estado debe preparar la mesa para las negociaciones que deben surgir, necesariamente, de un acuerdo entre los trabajadores y el empresariado.
- Fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), para prevenir y perseguir mejor los abusos y los denominados delitos de cuello y corbata. En este plan de modernización el Estado debe contar con las herramientas para evitar las injusticias contra las personas.
- Fortalecimiento de colaboraciones público-privadas a gran escala, para superar el estancamiento de la productividad y diversificar la matriz productiva del país. Esto exige una reestructuración de la CORFO, que apunte al desarrollo de aquellas industrias que por su cercanía con la matriz productiva actual tienen mayores posibilidades de crecer exitosamente y generar efectos de red en el resto de las industrias adyacentes. Asimismo, favorecer las labores de investigación y desarrollo productivo que lleven adelante las Fuerzas Armadas en colaboración con empresas y entidades académicas (como el proyecto Fragatas).
- Mejoramiento de la conexión de las zonas sur y austral, así como la renovación y el fortalecimiento de la red ferroviaria como mecanismo de integración al interior del país. También debemos ser capaces de explorar los diversos corredores existentes, así como las instalaciones ya existentes de infraestructura, en especial en la zona norte y que pueden ser un catalizador de los mecanismos de vinculación intrarregionales.
- Incremento de las inversiones públicas, los incentivos tributarios y el fomento a la inversión privada en las zonas extremas. Tenemos un gran desafío territorial, ya lo hemos señalado, nuestro país debe ser uno y cada chileno sentir que es parte de éste, para lo cual, mediante diversos sistemas de políticas públicas, fortaleceremos cada rincón del territorio, para que nadie sienta que su situación es distinta al resto de sus compatriotas.
- Elevación de niveles del sistema escolar, entendiendo que ella es condición imprescindible del fortalecimiento de las capacidades transformadoras e inventivas necesarias para el despliegue material y espiritual del país. La Nueva Educación Pública, proceso en marcha, debe ser implementada en términos que dé respuesta a la gran demanda de calidad en la educación, la cual pasa por infraestructura adecuada, docentes capacitados con el proceso de enseñanza-aprendizaje, auxiliares de la educación que den el soporte para el desarrollo de la actividad y por cierto, el compromiso invaluable de las familias en el futuro de sus hijos.
- Seguir enfrentando el Calentamiento Global, continuando con la transformación de nuestra matriz energética para cumplir el compromiso del Estado de alcanzar la carbono neutralidad al año 2050, reduciendo a la mitad las plantas a carbón para el año 2025. Además, fomentaremos con fuerza las energías renovables -como la solar y la eólica- junto con dar continuidad al desarrollo de la producción de hidrógeno verde. En la producción de energías limpias y nuevas energías radica una condición eminente de nuestro desarrollo.
- Fomento de la agricultura, para hacer de Chile una potencia agroalimentaria, lo cual exige el aumento del riego tecnificado, el uso de hidrogeles (que reducen el consumo de agua hasta un 90%), la inversión masiva en desalación y sistemas de irrigación para transportar agua dentro de cada cuenca y rellenar los acuíferos; el desarrollo nacional de tecnologías asociadas como big data e inteligencia artificial, además de una política eficiente de forestación para “plantar agua”.
- Nuestro vínculo con el mundo tiene una incidencia directa sobre el devenir de la sociedad chilena, por lo que mantener nuestros principios de política exterior es fundamental. Ellos están basados en un multilateralismo efectivo, acompañado por un ejercicio activo de representación de los intereses nacionales en el contexto internacional. Todo esto, respaldado por una diplomacia profesional que mantiene un prestigio ganado por años en su capacidad de influir más allá de nuestro peso relativo.
4. ESPECIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL ÁMBITO ECONÓMICO (PROGRAMA ECONÓMICO-SOCIAL)
El republicanismo popular entiende que el Estado es responsable de la prosperidad de la nación. Ella no se refiere sólo a la capacidad de crecimiento y desarrollo personal, sino también al florecimiento de las instituciones intermedias que permiten generar vínculos comunitarios, y como el desarrollo de un Estado sano, que pueda participar del despliegue del país de un modo integrador.
El republicanismo popular ve también en una tributación justa y equitativa el mecanismo para lograr un Estado con instituciones de protección y seguridad social dotadas de la robustez suficiente como para enfrentar las incertidumbres del ciclo vital, y así redistribuir las cargas entre quienes resultan ganadores y perdedores en la sociedad. Y considera a la protección de los derechos básicos, como el de propiedad, una garantía fundamental para el desarrollo de proyectos individuales o colectivos de largo plazo, que, a su vez, propicien el bienestar integral de la nación.
Así, algunos de los asuntos en los cuales nos interesa intervenir para fomentar el bienestar nacional son tratados específicamente en esta parte.
A. CRECIMIENTO ECONÓMICO
El crecimiento económico está en el núcleo de las ideas programáticas de nuestro futuro gobierno, ya que es un habilitante para poder lograr la prosperidad sostenible del país. Sabemos que el crecimiento es una condición necesaria pero no suficiente para lograr este objetivo de prosperidad de modo que se distribuya a cada miembro de la sociedad en función de su contribución y de sus necesidades básicas.
Para fomentar este crecimiento de largo plazo proponemos, inicialmente, tres focos: enfrentar la caída de productividad, desarrollar el capital humano y fomentar un emprendimiento que complejice la matriz económica del país.
(1) Enfrentar la caída de productividad
El país viene experimentando una sostenida caída de la productividad, la cual limita las posibilidades de crecimiento económico en el largo plazo. Existe un consenso transversal en nuestro sector de que esto es un problema serio y que debe ser enfrentado. No hay una sola medida para poder enfrentar este tema; sin embargo, disponemos de ciertas herramientas que en su conjunto se encaminan a la solución. Algunas de ellas apuntan a simplificar el enjambre regulatorio que enfrentan las empresas, otras apuntan a crear mercados más competitivos, y, finalmente, a nivelar la cancha entre el mercado laboral de hombres y mujeres en este país. Queremos reglas y permisos claros para fomentar la inversión, disponibilidad de cuidados y educación para la primera infancia, de modo de alentar el trabajo, y crear mercados competitivos, para fomentar círculos virtuosos que premien el emprendimiento.
(2) Capital humano
Una de las medidas para progresar en el crecimiento económico es aumentar el capital humano de los trabajadores (entendido como aquella capacidad que los hace ser más productivos en igualdad de provisión de capital físico y de horas trabajadas). Uno de los factores que afecta la utilización eficiente de capital humano es la opacidad de las condiciones de contratación: los empleadores tienen información incompleta de cuáles son las reales habilidades de los potenciales empleados. Por otra parte, el endeudamiento que han soportado los profesionales a raíz del CAE, genera distorsiones en cuanto a sus decisiones de empleabilidad; y puede funcionar como un freno para que las personas con un alto potencial cognitivo tomen la decisión de estudiar.
Debemos traspasar a los deudores a un sistema de crédito justo, con cero porciento de interés, reajustado solo por el IPC. Se condonará a aquellos que hubieran tenido derecho a gratuidad.
El nuevo crédito será administrado por una institución estatal, no participará de el la banca privada.
Los deudores pagarán un máximo del 10% de sus ingresos líquidos, solo si están empleados, en periodos de desempleo el crédito de congela, y se pagará por un máximo de 10 años.
Los criterios actuales de gratuidad se mantienen para la educación universitaria y técnico profesional.
Adicionalmente, la franquicia tributaria otorgada por SENCE es moderadamente usada por las empresas grandes, poco por las medianas, y casi nada por las más pequeñas: el mecanismo parece no estar adecuado a su fin. Por último, creemos que es importante vincular más intensamente a la Educación Técnica con la actividad productiva.
Algunas soluciones a la brecha de creación y asignación de capital humano en el mercado laboral son: disminuir la opacidad en el mercado laboral mediante la creación de certificaciones en materias relevantes para la industria, sobre todo en el tema de las TICs. Hoy estas certificaciones funcionan muy bien cuando son habilitadoras de oficios (instalaciones de gas, buzos de profundidad), sin embargo, se pueden instituir también como señalizadoras de habilidades. Asimismo, cabe adecuar de mejor forma el SENCE hacia la habilitación de estas certificaciones.
De acuerdo a lo dicho anteriormente debemos revisar el CAE, para enfatizar aquellas características que lo hacen más parecido a un impuesto que a un crédito (que sea efectivamente contingente al ingreso tributable, y revisar su límite) Al mismo tiempo, debemos revisar su condonación para quienes se encuentran endeudados y podrían haber accedido a la gratuidad; lo mismo que los intereses y multas, para quienes se encuentran en esta misma situación, pero que no podrían haber accedido a la gratuidad. Modificaremos su administración para que sea más asimilable a un tributo y así afecte menos la capacidad de endeudamiento de la población. Finalmente, en el caso de la educación técnica, estableceremos las instancias para poder vincularla realmente con el proceso productivo.
Diferenciamos el deporte de alto rendimiento de la actividad recreacional. Para el primero haremos esfuerzos en posicionar a nuestros deportistas en las principales competencias internacionales. En materia de recreación, el deporte es significativo para toda la población. Por ello nuestra preocupación será contar con espacios en todo el territorio para la realización de actividad física, los colegios y las plazas deben ser parte de esta política. Los adultos mayores usualmente han quedado relegados en este contexto; en cambio, pondremos especial atención en desarrollar programas que los consideren directamente.
(3) Un Estado que fomenta el emprendimiento
El emprendimiento individual es fundamental para el desarrollo económico del país, independiente de lo que pueda hacer el Estado para facilitar la labor de los emprendedores. Esto es doblemente necesario en Chile, ya que se trata de una economía abierta al mundo, por lo cual los emprendedores deben ser competitivos globalmente. A diferencia del pasado, cuando el Estado quiso proteger a nuestras industrias de la competencia externa, hoy el Estado tiene que alentarlos y apoyarlos a competir afuera.
En ello, el Estado tiene un rol en la diversificación de la matriz productiva del país, principalmente por tres motivos. Primero, una matriz diversificada permite soportar mejor la volatilidad de precios de los recursos naturales. Segundo, en ausencia de un impulso estatal a la diversificación, esta tenderá a ser realizada por los mismos emprendedores, lo que necesariamente produce una mayor concentración de la industria. Tercero, una baja complejidad económica está asociada a menores perspectivas de crecimiento a largo plazo. Aumentar la complejidad económica del país es una tarea de vastos alcances temporales y debemos comenzar a avanzar en esa dirección. Nuestro gobierno potenciará las herramientas actualmente existentes para lograrlo. Fomentaremos, mediante una restructuración de los fines y medios de los que dispone Corfo, el desarrollo de aquellas industrias que por su adyacencia a la matriz productiva actual tienen mayores posibilidades de crecer exitosamente y de generar efectos de red en el resto de las industrias cercanas.
B. REFORMA DE PENSIONES
Las pensiones son percibidas como bajas, aunque la tasa de reemplazo no lo muestra así: la tasa de reemplazo es mayor en las rentas más bajas, en donde hay un componente importante de pensiones solidarias, lo que muestra que el problema de las bajas pensiones (con respecto a los sueldos durante la vida laboral) es antes asunto de las clases medias y de la adecuación del sistema de capitalización individual. En especial se ve reflejado en los quintiles 2 y 3, ya que el superior y los inferiores, con los datos actuales han logrado mantener rentas que cumplen con las tasas de reemplazo aceptables para las rentas de pensiones.
En la situación actual, gran parte de la responsabilidad por las bajas pensiones finales se le asigna al sistema de AFPs. La industria responde señalando que los mayores culpables son las lagunas previsionales, la baja tasa de formalidad laboral y, en menor medida, que la tasa de cotización de un 10% de los ingresos es insuficiente. Creemos que éstos son problemas de diseño de la industria, supuestos irreales con los que se generó una justificación de su accionar, pero que se han visto confrontados al comenzar la jubilación de los primeros pensionados que sólo participaron de este sistema durante su vida laboral.
El sistema previsional, como un todo, debe mejorar las pensiones más bajas hoy y asegurar el correcto financiamiento de las pensiones en el futuro: por esto mismo se debe compatibilizar el financiamiento directo, para mejorar las pensiones hoy, aumentando las cotizaciones en cuenta individual de modo que este aporte directo vaya decreciendo progresivamente en el tiempo. La institucionalidad actual de las AFPs se encuentra en un punto de insostenibilidad por los continuos retiros: pero no hay una respuesta fácil, la capitalización individual es la única solución financieramente viable en un contexto de envejecimiento del país. Por lo mismo se debe considerar una reformulación del sistema en el que se separen las funciones de captación y administración de los clientes con la decisión de inversión de los fondos: de este modo se alinearán los incentivos comerciales, por un lado, y los incentivos de buena práctica de inversiones, por el otro. Finalmente, se debe cambiar el mecanismo de financiamiento de los fondos, en vez de prepagar la administración de los fondos previsionales, debemos ir migrando hacia un pago por saldos ahorrados. Hay llamados a crear algún tipo de Ingreso Básico Universal: creemos que debe estudiarse la factibilidad de una pensión básica universal para la vejez, condicionada con criterios de residencia en el país y compensable a través del impuesto a las herencias en el caso de las personas de alto patrimonio.
C. ALINEAMIENTO DE INCENTIVOS ENTRE EMPRESAS Y TRABAJADORES
Existe la percepción de que es posible mejorar la relación al interior de las empresas, así como hacerlas más productivas en la medida en que se alineen los incentivos tanto de la administración como de los trabajadores. Hay claramente un horizonte de largo plazo en el que se debiera producir esa convergencia, lo que, sin embargo, no está ocurriendo. Que la convergencia se produzca supone una ampliación de los derechos en el mundo del trabajo hacia los trabajadores, en la forma de participación en las decisiones de las empresas y en la entrega de un porcentaje de las utilidades de éstas. Proponemos que el Estado aliente la búsqueda de acuerdos y luego los ratifique en los términos al que lleguen las partes. Lo esencial es generar los incentivos para que ni los trabajadores ni los empleadores renieguen de los acuerdos a los que llegan. El rol del Estado permitirá alinear los costos laborales por industria con miras a lograr que estos permanezcan siendo competitivos en un mercado abierto a la competencia extranjera.
D. REFORMAS TRIBUTARIAS
(1) Ampliación de la base tributaria e IVA
Existe consenso económico de que la ampliación de la base tributaria es vital para el desarrollo del país: por motivos de recaudación y de economía política (el Estado se hace más responsable de aquellas personas de las cuales depende su financiamiento). Sabemos, además, que el gasto fiscal como porcentaje del PIB aumenta conforme la economía crece, y, por lo tanto, urge considerar formas en las cuales la recaudación fiscal aumente en la medida en que el país es más rico. La ampliación de la base tributaria permite bajar la presión sobre las tasas y tiene efectos de economía política (la base de personas de las cuales depende el funcionamiento del Estado aumenta, por lo que se genera un círculo virtuoso en el cual está en el interés del Estado asegurar la prosperidad de esta base extendida). Finalmente, este aumento de la base tributaria debiese ir acompañado, idealmente, de una caída en el IVA de manera que el efecto económico sobre las familias de menores ingresos sea neutro o positivo.
Nuestra iniciativa es doble: por una parte, queremos ampliar la base tributaria con una adecuada revisión de las exenciones, y por otra, bajar el IVA de modo general. La Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad ya elaboró un primer informe preliminar con un completo diagnóstico de cuáles son algunos de los efectos de la eliminación de las exenciones. Creemos que este impulso debe ser guiado de manera de equilibrar la búsqueda de la equidad tributaria con la necesaria protección frente a la acción del Estado. Por lo mismo, pensamos que hay exenciones que deben ser revisadas, como el crédito fiscal al IVA para la construcción, o la restitución del impuesto de ganancias de capital. Por otro lado, hay exenciones, como la de los fondos de inversión, que son necesarias para que persistan vehículos de ahorro e inversión que beneficien a la gran mayoría de los chilenos: esto debe ir acompañado, nuevamente de un tratamiento tributario que evite los resquicios de elusión. Finalmente, hay exenciones que afectan a un gran número de chilenos: es posible plantear su eliminación de forma gradual, de modo de no afectar el quehacer diario de ellos, y en una forma en que se puedan prever y tratar los efectos adversos que la remoción de estas exenciones traiga. En el caso de la revisión del IVA, entendemos que es posible reducirlo. La reducción debe ser precedida de mecanismos de información y anclaje de los precios antes de IVA, para maximizar la transmisión de la rebaja a los consumidores finales.
(2) La gran minería y el FEES
Ha ido creciendo un consenso en el país respecto a que la extracción de recursos naturales no renovables es un tema que amerita una visión que vaya más allá de la promoción de la inversión. La gran minería, en particular, ha tenido una regulación que ha sido exitosísima en los últimos 40 años para atraer inversiones; sin embargo, no queda tan claro que la división de las rentas económicas generadas por esta actividad haya sido tan favorable para el país. Adicionalmente, la institucionalidad de los Fondo de Estabilización Económica y Social, que recibe los ingresos extraordinarios del Cobre puede ser mejorada.
Se debe balancear el fomento a la inversión con reglas creíbles de participación en las rentas económicas de la gran minería del cobre; una legislación con mirada de largo plazo implica que haya mecanismos de tributación por producción (royalties) funcionando en paralelo a la tributación por utilidades; no descartándose que los royalties puedan generar un cierto crédito tributario a los impuestos convencionales. Por otro lado, el manejo del FEES debe reconocer la transitoriedad de los recursos provenientes de la minería, no sólo buscando crear capacidades humanas en las zonas mineras, sino también capitalizando parte de los recursos en una institucionalidad de largo plazo.
(3) La pequeña minería
Es muy importante poder diferenciar la realidad de la gran minería de la pequeña minería, que depende completamente de un solo gran comprador. A diferencia de la gran minería, la actividad de la pequeña minería fomenta el empleo en las áreas mineras y genera dinamismo en cuanto a la actividad económica. Sin embargo, deben reconocerse las tensiones existentes entre actividades como la agrícola y la pequeña minería, por lo que la legislación de estándares ambientales en este caso debe ser claramente interpretable y aplicable, con un principio precautorio a favor de la actividad agrícola.
El Estado continuará fortaleciendo los cuerpos legales (Ley 21.055 y otros) para el apoyo y sustento de la Pequeña Minería. En especial, durante el año 2022, Enami, Sernageomin y Sonami deberán emitir un documento conjunto y consensuado que incluirá todas aquellas acciones y elementos jurídicos necesarios y de apoyo para una Pequeña Minería sustentable y de ejemplo mundial.
E. PRESIÓN MONETARIA DE LOS INGRESOS
En esta área existe un consenso absolutamente transversal de que la primera condición que deben cumplir la política monetaria y fiscal es ayudar a mantener la estabilidad de los precios. Este es un ámbito en el cual el Banco Central tiene un rol indiscutido, por lo que nos preocuparemos de mantener su autonomía y que ésta quede ampliamente garantizada.
Una dimensión asociada tiene que ver con los efectos del endeudamiento personal, en el cual se puede mejorar la integración de la información de los créditos tomados por cada una de las personas, así como vigilar el rol de la CMF en la regulación del endeudamiento y en la fijación de la tasa máxima. Pretendemos avanzar hacia un sistema de créditos dinámico, sustentable, a tasas bajas y que se pague, a la vez que evitar el sobreendeudamiento.
F. MEDIDAS PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Las PYMEs han tenido que soportar más de un año de funcionamiento disminuido y eso les ha afectado fuertemente en sus capacidades de pago y liquidez. Debemos tener en cuenta que su naturaleza es distinta al resto de las empresas. No se trata sólo de un asunto de tamaño, sino que, además, en su funcionamiento suelen comprometer el capital total del dueño. Por esto mismo, existe una gran diferencia en el horizonte temporal con respecto a la base de negocios habitual del sistema financiero: los proyectos son a corto plazo, éstos deben ser atractivos y, adicionalmente, necesitan no comprometer mucho capital de trabajo a objeto de que las empresas puedan llegar en buenas condiciones a fin de mes. Esta combinación hace que el principal problema a solucionar en el reflotamiento de las PYMEs sea un tema de liquidez y no uno de tasas crediticias; por ello adoptaremos medidas que vayan en este sentido:
- Condicionar los créditos de contingencia en esta pandemia a las ventas de años anteriores de las PYMEs según industria, de modo que los montos afectos sean suficientes para recuperar las empresas y con 100% de garantía.
- Ajustar la duración de las garantías estatales, de modo que éstas se extiendan por el máximo plazo en el que es posible acceder a un crédito.
- Potenciar Sercotec y Fosis, con especial foco en la diseminación de mejores prácticas en la pequeña industria.
- Perfeccionar el funcionamiento de la ley de pago a 30 días, de modo que se minimice el tiempo que media entre la emisión de una factura y su verificación por parte de la empresa pagadora. Eliminar la posibilidad de acuerdo entre grandes compradores y Pymes.
G. PROTECCIÓN FRENTE A LOS ABUSOS – LOS PEQUEÑOS MONOPOLIOS
Hay toda un área de la economía que impacta directamente a los ciudadanos, y tiene que ver con cómo se vinculan éstos con los pequeños monopolios surgidos de la regulación. No podemos ser exhaustivos en esta lista, de modo que esta enunciación es ilustrativa.
- Adaptación de los precios de los servicios prestados por contratos de largo plazo: En el caso de algunos servicios contratados, especialmente los tecnológicos, existe una tendencia a que los precios bajen con el tiempo; sin embargo, los planes contratados, una vez terminado el plazo contratado inicialmente, tienden a mantener el precio original. Por lo tanto, una medida regulatoria destinada a buscar la equidad en el pago de estos servicios será la de adaptar los precios de los servicios contratados al precio más económico disponible después del vencimiento del contrato.
- Fijación de precios en autopistas: Hay un relativo consenso en que los mecanismos de información de precios en el caso de las autopistas con portales (i.e. sin peajes físicos) no son todo lo transparentes y disponibles que debiesen ser. Su adaptación a los horarios punta genera que finalmente se pague más por un servicio de peor calidad (hay un doble castigo: demoras y pagos más elevados). Finalmente, hay inercia de largo plazo en los mecanismos de fijación de precios de fines de semana, por ejemplo, que podrían responder efectivamente a condiciones de tiempos de viaje esperados.
- Establecimiento de plazos de respuestas a servicios regulados: se deben fijar normas claras respecto de los plazos máximos de respuesta para los servicios regulados, en los cuales el ciudadano se encuentra en una relación de clara asimetría.
- Gig-Economy: Estableceremos una institucionalidad, con derechos y deberes, para los trabajadores de los servicios en los cuales la relación laboral se da a través de una app. Sobre todo, como en el caso de Uber, en el cual afectan a una actividad establecida.
- Sistema Notarial: Es menester avanzar en la descentralización del sistema notarial, sobre todo considerando los mecanismos de verificación actualmente existentes, que vuelven anacrónicas muchas de las formas de ejercer sus tareas.