Programa de Gobierno

Índice

1. DIAGNÓSTICO

En el proceso de dos siglos que tarda nuestra historia indepen­diente, el Estado ha tenido un papel significativo en la constitución de un pueblo político. Esfuerzos a gran escala en los ámbitos edu­cacional y cultural, jurídico y organizativo, militar, sanitario, de la infraestructura y la producción, han generado avances en el país que, pese a interrupciones y conflictos importantes, han operado en dirección a la conformación de un orden institucional republicano, que ha ido abriendo, paso a paso y, aunque de modo insuficiente, progresivamente, espacios de integración social y participación de­mocrática.

En un grado decisivo, es de esos esfuerzos que ha dependido la constitución de una forma de existencia nacional compartida, que, en partes es difusa y de carácter dinámico, empero, es discernible en algunos aspectos importantes. Diversos autores han reparado en la influencia que ha ejercido el paisaje, la tierra sobre el elemento humano; ha sido notada, asimismo, la marca que deja el contexto cultural y geográfico en común con los pueblos americanos, atenua­da, con todo, por una situación de aislamiento y de fin de mundo.

El despliegue paulatino del pueblo y la institucionalidad se en­cuentra en un momento problemático. Nos hallamos hoy en una crisis epocal. No se trata simplemente de una disputa entre partidos ni de una tensión circunstancial o peregrina entre la opinión públi­ca y los representantes políticos. Estamos ante un desajuste mayor. Diversos cambios acumulados a lo largo de los años han terminado produciendo que las inclinaciones, anhelos y capacidades popula­res operen en una dirección distinta respecto de las instituciones, las élites y los discursos políticos. Las instituciones y las élites, en sus acciones y sus palabras, no están siendo capaces de brindar ex­presión y cauce a la situación popular. Expresiones palmarias del desajuste son las manifestaciones de octubre de 2019 y la grave y continua pérdida de legitimidad de las instituciones.

Tanto por el lado de la situación popular, cuanto por el de las ins­tituciones, élites y discursos, constan alteraciones de envergadura que inciden en la crisis. Si la estabilidad de la transición dependió de un cierto ajuste entre los dos polos en tensión identificados, cabe explicar la crisis como una intensificación de esa tensión. Ambos polos tienen aspectos discernibles y otros más ocultos. Algunos as­pectos del pueblo se dejan identificar, pero él no es un objeto o una esencia fija, sino un dinamismo complejo, en parte manifiesto, en parte misterioso. De su lado, las capacidades espontáneas y creado­ras de grupos o dirigencias políticas siempre importan un elemento de discontinuidad imprevisible. No obstante lo anterior, y aunque sin pretensión de agotarlos, es menester dirigir la atención hacia ambos polos.

En lo que respecta al polo popular, debe repararse en aspectos que están incidiendo en la crisis, algunos debidos a alteraciones de entidad.

  • Un período de fuerte crecimiento económico durante los últi­mos treinta años hizo que la pobreza retrocediera masivamen­te y que las clases medias llegasen a ser mayoritarias. Ellas se distancian del hambre, el frío y la desnutrición, males vas­tamente extendidos hace tan sólo unas décadas. Se integran socialmente y quedan vinculadas en un plan de mayor hori­zontalidad, a la vez que se perciben sometidas a dinámicas de mercantilización, materialismo, inautenticidad e inestabilidad social y laboral. No debemos romantizar las condiciones de vida del pasado, pero es un hecho de que la experiencia vital estaba mediada por una multiplicidad de instituciones inter­medias fuertes: parroquias, clubes deportivos, barrios de ta­maño abarcable, familias, empresas paternalistas, y un estado cívico relativamente fuerte en el discurso y en presencia; su desaparición conllevó la formalización a través del mercado de gran parte del ciclo de vida de las personas.
  • El centralismo exacerbado, la ausencia de consciencia terri­torial y un crecimiento económico dispar han deteriorado la relación del elemento humano y el paisaje. En Santiago exis­te un urbanismo segregado, hacinado y mezquino. Las plazas, parques, costaneras, teatros, museos, etc. son mínimos, las veredas angostas; el transporte colectivo urbano, congestio­nado y de largas distancias, es antes campo de lucha y cansan­cio que de posible trato cordial. El uso, en general, del espacio capitalino, en la calle, los centros comerciales, los barrios, las experiencias de posibles encuentros allende la intimidad, son asunto de labores crecientemente intensificadas y de sofisti­cadas estrategias destinadas a evitar agresiones y miedos que se incrementan con la concentración. La vida social carece, en­tonces, de ámbitos de realización adecuados. Los vecindarios sin “áreas libres”, ni “áreas verdes”, faltos de viviendas espacia­das y lugares de convivencia, se vuelven barrios-dormitorio. El narcotráfico, una organización con especial consciencia terri­torial, puede desplegarse establemente.
  • El correlato de la capital hacinada son provincias abandona­das, desprovistas de autoridades territoriales dotadas de las competencias políticas suficientes como para resolver eficaz­mente los problemas; carentes de un peso económico, social y cultural comparable al de Santiago. Sin poder en los territo­rios, sin cuadros humanos y recursos proporcionados, se acu­mulan los problemas territoriales sin solución a la vista y se vuelve inviable un despliegue proporcionado del pueblo por el paisaje, del cual fuese esperable la más fácil ampliación y ma­sificación de los espacios idóneos para la habitación y el en­cuentro. Los deterioros del territorio se agregan sin perspecti­vas de solución, entre ellos: las zonas de sacrificio, el desierto que avanza, la devastadora mega-sequía en el centro del país, la desconexión del sur austral y su conformación como un in­menso parque nacional vedado a un armónico asentamiento de la población.
  • Consta, como decíamos más arriba, una alteración profunda en las organizaciones populares básicas. Las maneras prima­rias de agrupación y articulación del elemento humano se en­cuentran hoy en una crisis. Familias, sindicatos, vecindarios, iglesias, partidos políticos, agrupaciones que antaño eran ca­paces de coordinar masiva y eficazmente los anhelos y capaci­dades de los individuos y ser ámbitos habituales de encuentro comunitario, se han debilitado drásticamente. Distintos facto­res influyen en el fenómeno, entre otros: el deterioro de los es­pacios vecinales y la debilidad aludida de la institucionalidad de los territorios; la estrechez de las viviendas y la falta de apo­yos para el desenvolvimiento de la vida familiar; la crisis de la religiosidad y los casos de abusos en las iglesias; la percepción de inestabilidad de los contextos laborales, la extensión de las jornadas de trabajo y la presentación de la individuación como virtud; la clientelización de los partidos políticos, su de­monización y la crítica irreflexiva de la labor pública, así como el masivo financiamiento ilegal al que estuvieron expuestos.
  • Tienden a incrementar rápidamente su importancia las formas virtuales de comunicación. Ellas, la vez que aceleran los con­tactos, los vuelven superficiales y facilitan el aislamiento. Con la mirada capturada en su dispositivo, el individuo puede sa­lirse del entorno más inmediato y dispersarse en una multipli­cidad de interacciones ligeras y fugaces. En el ámbito político, las redes virtuales aumentan las capacidades de difusión de información, a la vez que, en paralelo, diluyen la espesura de las ligazones políticas tradicionales. Como han revelado casos conocidos, además, ellas se prestan para formas de manipula­ción comunicativa difíciles de detectar y con capacidad even­tual de incidencia en resultados electorales. El diálogo, la de­liberación política, resulta dificultada, asimismo, en contextos donde se privilegia la afirmación de la apreciación subjetiva y el impacto por sobre el intercambio en presencia del otro y según justificaciones argumentativas. El espacio de encuentro en la conversación gratuita tiende allí a desaparecer.
  • No sólo las alteraciones en la situación concreta, sino también las características de las instituciones, las actuales élites y los discursos políticos juegan un papel relevante en la crisis.
  • El Estado chileno se halla anquilosado. Los funcionarios de partido tienen un peso mayor al adecuado para brindarle ca­rácter nítidamente profesional a la burocracia y continuidad a las políticas relevantes. Falta una carrera funcionaria gene­ral y homologable, en la cual se privilegie con mayor énfasis la excelencia y se facilite la conformación de una burocracia autónoma, dotada de un ethos propio vigoroso.
  • El Estado es, asimismo, débil en áreas en las cuales su pre­sencia es necesaria: la innovación, el fomento productivo; la provisión suficiente de un recurso tan básico como el agua; el aseguramiento de condiciones de vivienda y educación (espe­cialmente en la escuela) razonables para todos; el combate a los abusos de los económicamente poderosos; incluso en las tareas de seguridad pública e inteligencia. La presencia terri­torial del Estado es, hemos visto, muy frágil, con provincias ar­ticuladas en regiones que, desprovistas de facultades y recur­sos suficientes, son impotentes para solucionar los problemas más graves de los territorios.
  • Por su parte, la matriz productiva nacional se encuentra fuer­temente concentrada y acusa escasa complejidad. La depen­dencia del cobre no ha logrado ser decisivamente aminorada. La productividad se viene estancando en los sectores críticos de la economía hace décadas. Consta, además, un lamentable expediente abultado de abusos, colusiones y prácticas usual­mente constatables de determinación negociada de precios, que vulneran el funcionamiento honesto y eficaz de la econo­mía, y afectan el justo premio a la innovación y emprendimiento.
  • Las élites han perdido poder comprensivo, junto a las capaci­dades de imaginar y abrir nuevos rumbos políticos, económi­cos y sociales al país con firme asiento en la realidad popular concreta. La conformación del espacio en general está en crisis por la falta de consciencia espacial del sistema político chileno y esa crisis de la espacialidad incide decisivamente en la pér­dida de aptitudes comprensivas de las élites. El problema ad­quiere la forma de un círculo vicioso: élites que han terminado encerradas en barrios segregados, se desvinculan de los terri­torios y de la situación popular, y toman decisiones políticas desarraigadas; la segregación se incrementa; los territorios pierden poder, recursos, cuadros humanos y el proceso conti­núa en una espiral que se interrumpe con protestas masivas y estallidos violentos cada vez más frecuentes y extendidos.
  • En el campo ideológico, es posible constatar una crisis de los discursos. En los sectores de la ex Concertación se advierte la carencia de un diagnóstico diferenciado de la situación, así como de una propuesta política propia. En los extremos, a la derecha y la izquierda, hay discursos altamente abstractos.

A un lado, un pensamiento de talante economicista, que en­tiende a la sociedad como agregación de individuos y redu­ce al Estado eminentemente al papel de gendarme del buen funcionamiento del mercado, buscando la eficiencia por so­bre la robustez de las instituciones. Se soslaya la dimensión comunitaria del ser humano, así como su pertenencia a una colectividad que comparte rasgos, formas de pensar y sentir, un destino común. Ese discurso dificultó en ciertos sectores entender lo que ocurrió el 18 de octubre.

En la izquierda, de su lado, se ha posicionado un pensamien­to radical de tono moralizante que condena al mercado como “mundo de Caín” o fuente de alienación y espera de un pro­ceso público-deliberativo el avance hacia un estadio de ple­nitud. El avance exige desplazar al mercado de áreas enteras de la vida social para lograr decisivamente que los individuos modifiquen sus consciencias y pasen del egoísmo mercantil a la generosidad. No se repara en la importancia del mercado como factor de división del poder social (sin mercado, el Esta­do controla todos los recursos económicos disponibles; el po­der económico y el político se concentran y la libertad queda amenazada). Tampoco se considera que la deliberación públi­ca, aunque ayuda a liberarnos de prejuicios llamativos o perju­diciales, no conduce necesariamente a la plenitud. Es escruta­dora y es generalizante. O sea, es hostil a lo íntimo de los seres humanos, así como a su singularidad; también a lo nuevo, lo raro, lo que se aparta de “lo políticamente correcto”. Tiene así un potencial opresivo del que es menester hacerse cargo.

Por el lado de la situación popular concreta, así como por el lado de las instituciones, élites y discursos constan alteraciones impor­tantes y factores que contribuyen a un desacople de aquéllas y és­tos. La tensión entre ambos se acentúa y de tal suerte que el pueblo no se siente reconocido en las instituciones y discursos, no se perci­be acogido por las élites, y deviene rebelde.

La labor política fundamental, la primera de todas y la base de cualquier despliegue espiritual y material de la nación, la que per­mite discernir los gobiernos y coaliciones políticamente relevantes de los frustrados, es la tarea de producir legitimidad: imaginar y proponer reformas e instituciones plausiblemente justificadas, que abran cauce material y simbólicamente a las capacidades, anhelos e inclinaciones populares, de tal suerte que el pueblo llegue a pres­tarles su asentimiento. Es eso lo que se halla en crisis hoy; esa la relación que debe ser arreglada.

Un primer paso hacia la salida de la crisis fue dado el 15 de no­viembre de 2019. Aquella noche los principales partidos políticos del Congreso decidieron proponer la vía a su alcance, la constituyente, como un camino hacia la superación del desajuste. Esa propuesta fue respondida masiva y responsablemente por la ciudadanía, con una participación electoral contundente y un resultado claro a favor de la nueva Constitución.

La Constitución es, empero, aunque importante, un primer paso. La Crisis del Centenario, en cuyas similitudes con la actual es posible llamar la atención, es una buena ilustración sobre la insuficiencia de la Constitución. La carta de 1925 estableció efectivamente herra­mientas que resultaron fundamentales para el orden de las déca­das siguientes. Así, por ejemplo, quedaron puestas las bases de un incipiente Estado social y se fortaleció la autoridad del Presidente de la República frente al Congreso. Sin embargo, la aprobación de la Constitución no bastó, ni de lejos, para superar definitivamente la crisis y fue recién durante los años treinta que el orden político volvió a entrar en curso de normalidad.

De manera análoga, cabe prever que la nueva Constitución será condición necesaria de avance, pero no suficiente. Es menester, ade­más, instalar la nueva Constitución y adoptar las medidas políticas que vayan contribuyendo a encauzar la convivencia nacional, todo lo cual necesita un pensamiento político consciente de los polos en­tre los que opera la política, distante de los discursos más extremos o excluyentes, así como especial lucidez política en las dirigencias.

2. REPUBLICANISMO POPULAR

Ante una situación popular en ebullición, que difícilmente se reco­noce en las instituciones y discursos vigentes, se necesita un plantea­miento sobre el cual asentar la convivencia de las próximas décadas. Se requiere un pensamiento político capaz de brindar orientación a la crisis epocal por la que atravesamos, de hacer frente a sus principales causas, desactivar el carácter más dañino de los discursos extremos y abrir los horizontes de sentido a los cuales todos o una gran mayoría puedan brindarle su asentimiento.

La situación política lograda es aquélla en la cual el elemento hu­mano se reconoce en su institucionalidad. Esa institucionalidad pro­duce un contexto que le permite al pueblo hallarse en armonía consi­go mismo y adecuadamente situado en su territorio.

En los pueblos que han pasado por períodos largos de libertad política, habituados en ambientes republicanos y democráticos, ese reconocimiento se vuelve incompatible con regímenes autocráticos o de concentración del poder. En sus dos siglos de existencia inde­pendiente, pese a severos escollos y disputas, el pueblo chileno ha alcanzado un talante eminentemente republicano y democrático. Ha habido en Chile un avance sostenido, trascendente a las crisis, de las instituciones políticas republicanas –la división de poderes, el Estado de Derecho– y de la organización democrática. Incluso en el momen­to de una crisis tan severa como la actual, consta todavía una adhe­sión preponderante al proceso político democrático, expresada en la participación masiva y responsable en el plebiscito constitucional.

En este contexto, la situación política lograda es aquella que cum­ple las siguientes condiciones: en ella (1) hay un sistema instituciona­lizado en el cual existe, además, división efectiva del poder social; (2) el pueblo se siente reconocido en la institucionalidad.

Los principios de la realización institucional del pueblo en su terri­torio, para pueblos educados en contextos libres y democráticos, son las bases de una postura a la que cabe llamar republicanismo popular y que viene a coincidir con una centroderecha con vocación social. Los contenidos elementales de esta propuesta política son dos: el principio republicano y el principio popular-terrestre

El principio republicano apunta a la instauración de una institucio­nalidad en la cual el poder se halle efectivamente encarnado y esta­blemente dividido. El principio popular-terrestre, de su lado, se dirige a la integración institucional del pueblo concreto, tanto consigo mis­mo, cuanto con su territorio.

Estos principios se orientan a la realización de una política que se entiende como conseguida si se alcanza de manera receptiva la situa­ción popular y se le da eficazmente expresión; si el dinamismo popu­lar resulta captado y reconocido establemente; si las inclinaciones, anhelos y capacidades populares son intuidas y obtienen articula­ción en una institucionalidad adecuada.

Ambos principios operan en direcciones diversas. Ellos se hallan en una tensión. Esa tensión no se deja resolver simplemente en favor de uno de los principios, sino que debe atenderse a ambos a la vez.

El republicano puede ser descrito como principio de la dispersión. Apunta a la encarnación institucionalmente dividida del poder que sustenta a la república y que es capaz de garantizar la libertad. Se ne­cesita un asentamiento estable del poder en un territorio y respecto de un grupo humano; sobre esa base, que el poder asentado logre dividirse. En la medida que el poder se encuentra dividido, quienes se hallan afectados por ese poder gozan de mayores grados de libertad.

El principio popular-terrestre opera hacia la integración. Él se orienta a la inclusión de los diversos grupos humanos que habitan un mismo territorio, de tal suerte que, atendiéndose a sus diferen­cias, puedan entrar, sin embargo, conjuntamente a formar parte en una totalidad en la que se experimenten reconocidos según ciertas condiciones comunes. Esa inclusión compartida es la base propicia para el surgimiento de lazos colectivos, de la cohesión social, para que se constituya una esfera comunitaria que, además de erigirse en un campo de interacción colaborativo dotado de sentido, sea capaz de incrementar los niveles de confianza social y sostener a la unidad política.

Este principio abarca el aspecto terrestre del pueblo, que es parte constitutiva suya y un asunto del que ha de hacerse cargo la política. El territorio no es sólo materia prima u objeto de manipulación. Es parte constitutiva de lo humano: el lugar sobre el que se instala y ha­bita el pueblo; es fuente de nutrición y recursos; es una totalidad vital y estética en la que cabe experimentar significado. Dado que la rela­ción del elemento humano con su paisaje admite diversas maneras de configurarse, unas desplegantes, otras frustrantes, la política está bajo la exigencia de considerar tales modos de configuración; desa­tender a ellos es desasimiento irresponsable.

Ambos principios deben operar conjuntamente. Solo instituciona­lismo republicano sin integración popular-territorial, es vacío: ma­quinaria sin espíritu ni cohesión suficiente, trastabillando entre la opresión que somete al individuo bajo la funcionalidad y sujetos que, al no hallar reconocimiento adecuado en un contexto comunitario, tienden a actuar sin lealtad con las instituciones. Un pensamiento po­pular-territorial descuidado con las divisiones del poder y las garan­tías republicanas, es ciego. Se inclina a una integración cerrada, hostil al distanciamiento, la diversidad y la libertad.

La unión del principio republicano y el popular alude a una concep­ción de la existencia política que ni quiere renunciar al ideal ilustrado de un gobierno institucional respetuoso de la libertad, ni al pensamien­to del pueblo como unidad concreta, integrada humana y territorial­mente en su diversidad.

Esta unidad de principios en tensión, con la que se identifica la cen­troderecha social, a la vez que aboga, en su veta popular-territorial, por la superación del extremo economicista o de Estado mínimo, per­mite, gracias al republicanismo, no caer en la pretensión del Estado total, ni en la subsunción a la que se termina sometiendo al individuo en una operación moralizante, escrutadora y generalizante, y en la cual se concentra el poder social en manos del Estado. En la medida en que el republicanismo popular las considera a ambas: a la integra­ción popular-territorial y a la división republicana del poder social, esa propuesta puede ser depositaria de una legitimidad que descan­sa en el reconocimiento tanto del aspecto público o comunitario del ser humano, cuanto del personal, interior o íntimo; de sus dos caras. Se trata de una integración que no descuida la libertad.

3. PROPUESTAS SEGÚN ÁREAS

Hay tres relaciones que poseen carácter tensional y que debe con­siderar el pensamiento republicano y popular de una centroderecha social en la época presente: (A.) La relación entre el Estado central y el territorio, que proponemos abordarla mediante regionalismo político; (B.) La relación entre el Estado y la sociedad civil, que bus­camos orientar según la solidaridad nacional; y (C.) La relación entre el Estado y el mercado, que la trataremos conforme a un republica­nismo colaborativo. Es necesario atender a esas tensiones pues, a la vez que ellas son fundamentales para una configuración política en la cual el poder esté dividido y el pueblo integrado consigo mis­mo y con el territorio, ellas se hallan actualmente en crisis.

A. REGIONALISMO POLÍTICO

El ser humano se despliega en el espacio y esa espacialidad, en su caso, es terrestre. La consideración del territorio en sus sentidos fundamentales, esto es, como asiento estable, como fuente nutricia y como un todo vital estético o paisaje, es una tarea eminente de la política. De las maneras en las que se organice el territorio depen­den las posibilidades del pueblo y los individuos que lo conforman de desplegarse o frustrarse: si en ciudades hacinadas, estrechas, se­gregadas o si en ciudades integradas al paisaje y con espacios am­plios y a escala humana; si según un centralismo exacerbado que abandona a las regiones o si con una institucionalidad que dote de poder y recursos a los territorios. Puesto que de esas maneras pen­de también la plenitud o frustración de la vida humana, el Estado y la política quedan puestos ante la exigencia de favorecer articula­ciones espaciales adecuadas a esa plenitud.

El actual centralismo introduce una desproporción severa en la relación del pueblo con el territorio y es fuente de graves males que están, junto a otros problemas, en la base de la crisis por la que atra­vesamos. Aquellos males se refieren, como hemos visto, eminente­mente al hacinamiento, la artificialidad y la segregación de la vida en la capital desbordada, así como al abandono de las regiones, que acumulan problemas sin solución a la vista. Se hace necesario vol­ver a pensar al territorio y la institucionalidad territorial: la relación del Estado central con la geografía del país.

Se ha de avanzar hacia un regionalismo político, que opere en va­rios sentidos:

  • Redefinición de la institucionalidad territorial que apunte a la organización paulatina del país en macro-regiones dotadas de competencias políticas, gobernadores elegidos, un cuerpo regulador y presupuesto regional equitativo. En lo inmediato, es imprescindible perfeccionar el marco legal para una instala­ción efectiva de los gobernadores regionales.
  • Fortalecimiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y establecimiento de mecanismos para garantizar el buen uso de los recursos.
  • Reorganización de los municipios. Ellos son las instituciones del Estado más próximas a las ciudadanas y ciudadanos. De­ben ser dotados de recursos suficientes para llevar a cabo sus tareas, junto con entregársele más atribuciones. En este senti­do, proponemos avanzar hacia un reagrupamiento y concen­tración de las comunas, para fortalecer sus cuadros humanos y sus recursos.
  • Modificación al Fondo Común Municipal, para establecer un mayor aporte fiscal directo desde el Estado, que incluya la fi­jación de un piso mínimo por habitante y otro variable para población transitoria.
  • Impulso a una política nacional indígena, que incorpore la consideración de la cuestión territorial, el diálogo intercultu­ral, el acercamiento y el aprendizaje mutuo como partes del mejor camino para promover la diversidad, la integración y la coexistencia respetuosa.
  • Establecimiento de una política nacional del agua, orienta­da a resguardar la seguridad hídrica del país, garantizando el consumo humano y favoreciendo un desarrollo sostenible y equitativo de los territorios, incluyendo las actividades pro­ductivas, la agricultura y la minería. Con esta mirada podre­mos asegurar la igualdad entre las distintas zonas del país, ga­nar nuevas tierras para la habitación y la producción, así como prevenir conflictos sociales, manteniendo también la estabili­dad económica y política del país.
  • Instauración de una política nacional de desarrollo urbano que vele efectivamente por la calidad de los proyectos de vivienda social y clase media, para que no sigamos constru­yendo urbanizaciones con malos accesos, falta de servicios y áreas comunes. Las ciudades deben ser espacios amplios, de encuentro e integración entre sus habitantes, integradas al paisaje y dotadas de viviendas espaciadas y áreas comunes suficientes para el florecimiento de todas las actividades hu­manas fundamentales.
  • Desarrollo de una política integral de fortalecimiento de los espacios públicos no deliberativos, vale decir: espacios de encuentro no laborales ni de decisión política, los cuales son fundamentales para el encuentro comunitario y social entre conciudadanas y conciudadanos. Ellos incluyen: playas, par­ques, vecindarios, plazas, costaneras, centros deportivos; sistemas de transporte colectivo como el Metro y el tren; lu­gares culturales como teatros y cines, bibliotecas y museos; hipódromos, estadios, veredas, lagunas, piscinas públicas, etc., y en los que se desarrolla una parte fundamental de la vida en común.

B. SOLIDARIDAD NACIONAL

La vida social se desenvuelve en organizaciones diversas: fami­lias, universidades, institutos y comunidades escolares; sindicatos, gremios profesionales y productivos; centros de alumnos y federa­ciones de estudiantes; juntas de vecinos, iglesias, cofradías iniciá­ticas o filantrópicas, asociaciones de escritores, partidos políticos, organizaciones de pueblos originarios, clubes deportivos, agrupa­ciones de consumidores, etc. Esa vida social es fuente de experien­cias de sentido. Ella brinda campo de expresión a los anhelos y ca­pacidades fundamentales del ser humano: intelectuales, afectivas, estéticas.

El Estado no puede generar directamente esa vida social. Ella de­pende de la espontaneidad de los grupos humanos y los individuos que los conforman. Sin embargo, el Estado sí puede dañarla o favo­recerla. El Estado vive de supuestos que es capaz de apoyar pero no de producir. Así como no produce la tierra sobre la que él se asienta, no produce tampoco la vida comunitaria. Y, sin embargo, sin ella “el Estado es una osamenta seca, sin vida ni espíritu”.

Hemos visto que actualmente se constata un debilitamiento, en diversos casos drástico, de los vínculos comunitarios. Iglesias, sindi­catos, vecindarios, familias, partidos políticos se hallan en una crisis grave. Ella importa un vaciamiento severo. Sin contextos comunita­rios, la vida tiende a diluirse en el entramado mediado y más super­ficial de las redes sociales de carácter virtual y la soledad.

El despliegue de la vida social y de las diversas agrupaciones que la componen exige, además, que el Estado garantice la seguridad exterior e interior a sus ciudadanas y ciudadanos, de tal suerte que los espacios públicos y privados puedan ser ámbitos de relaciones pacíficas y confiadas.

Se ha de fomentar la solidaridad nacional: que la acción política, respetando su esfera respectiva de autonomía, estimule, fortalezca y asegure las condiciones para el despliegue de las diversas agru­paciones de la sociedad civil, especialmente las que favorecen vín­culos de afecto, integración y pertenencia. La solidaridad nacional debe apuntar, también, en varios sentidos:

  • Apoyo a las familias, dotándola de las herramientas necesa­rias para alcanzar su despliegue y el de sus integrantes, gene­rando las condiciones para una mayor compatibilidad entre la vida familiar y el trabajo.
  • Daremos particular importancia a aquellas políticas orien­tadas a fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, especialmente aquellas capaces de generar vínculos co­munitarios, como los sindicatos, los clubes deportivos, las iglesias, etc. Son estas instancias de participación, además, la primera línea de defensa contra el avance del narcotráfico en los vecindarios.
  • Programa para enfrentar el déficit habitacional, destinan­do más recursos a la compra de terrenos, la reasignación de terrenos fiscales y la construcción de viviendas, disminuyendo procesos burocráticos, y garantizando viviendas dignas, con integración social.
  • Fortalecimiento de la educación pública, a través de una mejor carrera docente, que reconozca el trabajo del pro­fesor y establezca condiciones razonables para practicar la enseñanza. En este mismo sentido, se debe impulsar también políticas eficaces que mejoren decisivamente el proceso de formación de profesoras y profesores y hagan más atractiva la carrera docente.
  • Ley de sala cuna universal, para complementar la estimula­ción y cuidado de los niños, y las posibilidades laborales de los padres; y ampliación de la oferta en jardines infantiles.
  • Fomento de la corresponsabilidad parental, mediante la modificación del financiamiento de permiso parental del pa­dre a cobertura fiscal y no de cargo del empleador, haciendo irrenunciable su uso.
  • Reforma integral al sistema de salud, incluidas: la creación de un plan universal de atención equitativo y solidario en su financiamiento, que permita dar mayores coberturas; el for­talecimiento de la red de atención primaria; la dotación de suficientes especialistas; la cobertura de la salud mental; el establecimiento de un seguro de medicamentos; la reduc­ción de los aranceles de importación de insumos y principios activos; la generación de incentivos para contar con más me­dicamentos genéricos y bio-equivalentes. Incrementaremos, además, los esfuerzos y recursos para avanzar con cirugías y procedimientos que permitan asumir los retrasos a causa de la pandemia.
  • Fortalecimiento de los derechos de las mujeres, que inclu­ya: la creación de una Defensoría Pública de la Mujer; la exi­gencia de un gabinete ministerial paritario; la ampliación de la ley de cuotas de candidatas para las elecciones de con­cejales y consejeros regionales, con un piso mínimo de 40%, incluyendo el reembolso extra que hoy tienen las candidatas a parlamentarias.
  • Impulsaremos una actualización del sistema procesal pe­nal, recogiendo una serie de propuestas que buscan mejorar la capacidad del Ministerio Público, y mejorando la capacidad de las víctimas de intervenir en el proceso con la creación de la Defensoria Victimas.
  • Mejoramiento de la seguridad y combate a la delincuen­cia, incluida la reforma a las instituciones policiales, espe­cialmente Carabineros. Valorando la trayectoria de esta ins­titución es necesario apoyarla decisivamente para que logre incrementar sus niveles de legitimidad y sus capacidades de producción de confianza ciudadana.
  • Reforma al Sistema de Inteligencia del Estado que hoy se tramita en el Congreso. El país requiere de una instituciona­lidad profesional y coordinada, que le asegure anticiparse a los hechos y brinde información oportuna para la toma de de­cisiones, en un marco con mayores estándares democráticos que el actual y con controles civiles y legislativos.
  • Modernización de las FF.AA., para que puedan seguir cum­pliendo su rol disuasivo y polivalente, extendiendo la carrera militar para aprovechar al máximo la formación y experiencia adquirida a lo largo de los años, junto con promover condi­ciones que incentiven la incorporación de personas de exce­lencia, lo cual hace aconsejable mantener el actual sistema previsional.

C. REPUBLICANISMO COLABORATIVO

Estado y mercado son centros capitales del poder social. Ellos permiten realizar con eficacia tareas de envergadura nacional. Así, el Estado vuelve posible: mantener la paz, hacer cumplir el dere­cho, apoyar a las capas medias y a los sectores más desprotegidos mediante políticas sociales, asegurar la educación, respaldar a las organizaciones de la sociedad civil, fomentar la producción. El mer­cado, de su lado, es articulador a gran escala de la producción y el consumo. Los dos deben ser considerados para dividir y equilibrar las fuerzas nacionales, así como para lograr ordenadamente los ob­jetivos de crecimiento económico e integración social.

Tanto el Estado como el mercado son imprescindibles para la ins­tauración de un contexto productivo favorable al despliegue nacio­nal. La importancia de ambos en la actividad productiva no se cir­cunscribe a papeles específicos y separados (como a que el Estado deba garantizar un marco de seguridad jurídica a la operación del mercado o el mercado desenvolverse simplemente, dentro de ese marco, por sí mismo). Además, existen tareas de carácter producti­vo o que tienen alcance productivo, como la educación, la investi­gación, el fomento de la producción, en las cuales la colaboración entre ambos centros de poder social es del mayor significado. El crecimiento económico es relevante para mejorar el bienestar de la totalidad, la prosperidad sostenible del país. Si bien él no asegura por sí solo la caída de la desigualdad, él es una condición necesaria para que la desigualdad pueda disminuir en un ambiente de esta­bilidad institucional. Por lo tanto, el Estado debe preocuparse de asegurar la sostenibilidad del crecimiento a largo plazo, al mismo tiempo que debe estructurar el gasto social de manera de fomentar la salida de la pobreza. Sin asumir necesariamente la ejecución de las labores productivas, el Estado ha de tomar sobre sí, cuanto me­nos, las tareas de fomento de la producción y apoyo a la educación y a la investigación aplicada.

Estado y mercado se hallan en crisis. Esa crisis es tanto de efica­cia como de legitimidad. La crisis de legitimidad del Estado consis­te en su incapacidad de producir reconocimiento político y, antes que eso, de brindar cauce institucional de expresión y despliegue a las capacidades, tendencias y anhelos populares. A esa crisis con­tribuyen, como se ha dicho, discursos estreñidos y élites deveni­das oligárquicas, pero también un Estado que viene careciendo de la conformación y las fuerzas requeridos para cumplir con eficacia sus funciones. Consta una falta de competencias suficientes en los cuadros de algunas reparticiones y la ausencia de una carrera fun­cionaria que las favorezca decisivamente; una organización que en varios aspectos es vetusta; procedimientos obsoletos; un rigorismo centralista exacerbado.

El mercado pasa también por una crisis de legitimidad, la cual cabe radicar, en parte, en los casos de abusos conocidos y reiterados, la falta de capacidad comprensiva suficiente en algunas dirigencias empresariales, el predominio de formas anónimas o concentradas de la propiedad, la ausencia de trabajadores en el gobierno de las empresas y de formas colaborativas de propiedad (cooperativismo).[i] En la crisis incide también y de manera relevante un estancamien­to de largo aliento de la productividad de la economía nacional, el cual compromete masivamente las expectativas de bienestar mate­rial de todos.

Se necesita un republicanismo colaborativo, que apunte a divi­dir el poder social entre el Estado y el mercado, de tal suerte que no haya concentración de poder ni en sede estatal ni en sede privada; a que, dentro de los ámbitos respectivos, se garantice tanto la dis­tribución del poder cuanto la eficacia de las operaciones del Estado y el mercado. El republicanismo colaborativo exige avanzar en los siguientes sentidos:

  • Modernización del Estado, que apunte a conseguir una ma­yor cercanía y capacidad de servicio de las instituciones públicas y que incluya: la renovación de la administración pública, con una carrera funcionaria exigente, clara e igua­litaria. Esto implica una redefinición general de funciones y poderes de los organismos públicos. En este marco fomenta­mos también las buenas prácticas, la probidad y la responsa­bilidad de los funcionarios públicos.
  • Creación de una agencia de evaluación de políticas públi­cas y ampliación de las evaluaciones a los programas socia­les y no sociales del Estado.
  • Creación del ombudsman, con las capacidades y autonomía para defender a las personas frente a vulneraciones a sus dere­chos por parte del propio Estado y sus organismos.
  • Reforma al mercado, para fortalecer la competencia; contro­lar los monopolios y oligopolios; alinear incentivos entre em­presas y trabajadores, por un lado, haciendo respetar la volun­tad del legislador en materia de gratificaciones haciendo que sean consideradas como una entrega de utilidades a los traba­jadores; por otro lado, promoviendo un nuevo pacto laboral de coordinación de intereses: el Estado debe preparar la mesa para las negociaciones que deben surgir, necesariamente, de un acuerdo entre los trabajadores y el empresariado.
  • Fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), para prevenir y perseguir mejor los abusos y los denominados delitos de cuello y corbata. En este plan de modernización el Estado debe contar con las herramientas para evitar las injus­ticias contra las personas.
  • Fortalecimiento de colaboraciones público-privadas a gran escala, para superar el estancamiento de la productividad y diversificar la matriz productiva del país. Esto exige una rees­tructuración de la CORFO, que apunte al desarrollo de aque­llas industrias que por su cercanía con la matriz productiva actual tienen mayores posibilidades de crecer exitosamente y generar efectos de red en el resto de las industrias adyacentes. Asimismo, favorecer las labores de investigación y desarrollo productivo que lleven adelante las Fuerzas Armadas en cola­boración con empresas y entidades académicas (como el pro­yecto Fragatas).
  • Mejoramiento de la conexión de las zonas sur y austral, así como la renovación y el fortalecimiento de la red ferrovia­ria como mecanismo de integración al interior del país. También debemos ser capaces de explorar los diversos corre­dores existentes, así como las instalaciones ya existentes de infraestructura, en especial en la zona norte y que pueden ser un catalizador de los mecanismos de vinculación intrarregio­nales.
  • Incremento de las inversiones públicas, los incentivos tri­butarios y el fomento a la inversión privada en las zonas extremas. Tenemos un gran desafío territorial, ya lo hemos señalado, nuestro país debe ser uno y cada chileno sentir que es parte de éste, para lo cual, mediante diversos sistemas de políticas públicas, fortaleceremos cada rincón del territorio, para que nadie sienta que su situación es distinta al resto de sus compatriotas.
  • Elevación de niveles del sistema escolar, entendiendo que ella es condición imprescindible del fortalecimiento de las capacidades transformadoras e inventivas necesarias para el despliegue material y espiritual del país. La Nueva Educación Pública, proceso en marcha, debe ser implementada en tér­minos que dé respuesta a la gran demanda de calidad en la educación, la cual pasa por infraestructura adecuada, docen­tes capacitados con el proceso de enseñanza-aprendizaje, au­xiliares de la educación que den el soporte para el desarrollo de la actividad y por cierto, el compromiso invaluable de las familias en el futuro de sus hijos.
  • Seguir enfrentando el Calentamiento Global, continuando con la transformación de nuestra matriz energética para cum­plir el compromiso del Estado de alcanzar la carbono neutra­lidad al año 2050, reduciendo a la mitad las plantas a carbón para el año 2025. Además, fomentaremos con fuerza las ener­gías renovables -como la solar y la eólica- junto con dar con­tinuidad al desarrollo de la producción de hidrógeno verde. En la producción de energías limpias y nuevas energías radica una condición eminente de nuestro desarrollo.
  • Fomento de la agricultura, para hacer de Chile una poten­cia agroalimentaria, lo cual exige el aumento del riego tecni­ficado, el uso de hidrogeles (que reducen el consumo de agua hasta un 90%), la inversión masiva en desalación y sistemas de irrigación para transportar agua dentro de cada cuenca y re­llenar los acuíferos; el desarrollo nacional de tecnologías aso­ciadas como big data e inteligencia artificial, además de una política eficiente de forestación para “plantar agua”.
  • Nuestro vínculo con el mundo tiene una incidencia directa sobre el devenir de la sociedad chilena, por lo que mantener nuestros principios de política exterior es fundamental. Ellos están basados en un multilateralismo efectivo, acompañado por un ejercicio activo de representación de los intereses na­cionales en el contexto internacional. Todo esto, respaldado por una diplomacia profesional que mantiene un prestigio ga­nado por años en su capacidad de influir más allá de nuestro peso relativo.

4. ESPECIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL ÁMBITO ECONÓMICO (PROGRAMA ECONÓMICO-SOCIAL)

El republicanismo popular entiende que el Estado es responsable de la prosperidad de la nación. Ella no se refiere sólo a la capacidad de crecimiento y desarrollo personal, sino también al florecimien­to de las instituciones intermedias que permiten generar vínculos comunitarios, y como el desarrollo de un Estado sano, que pueda participar del despliegue del país de un modo integrador.

El republicanismo popular ve también en una tributación justa y equitativa el mecanismo para lograr un Estado con instituciones de protección y seguridad social dotadas de la robustez suficiente como para enfrentar las incertidumbres del ciclo vital, y así redis­tribuir las cargas entre quienes resultan ganadores y perdedores en la sociedad. Y considera a la protección de los derechos básicos, como el de propiedad, una garantía fundamental para el desarrollo de proyectos individuales o colectivos de largo plazo, que, a su vez, propicien el bienestar integral de la nación.

Así, algunos de los asuntos en los cuales nos interesa intervenir para fomentar el bienestar nacional son tratados específicamente en esta parte.

A. CRECIMIENTO ECONÓMICO

El crecimiento económico está en el núcleo de las ideas progra­máticas de nuestro futuro gobierno, ya que es un habilitante para poder lograr la prosperidad sostenible del país. Sabemos que el crecimiento es una condición necesaria pero no suficiente para lo­grar este objetivo de prosperidad de modo que se distribuya a cada miembro de la sociedad en función de su contribución y de sus ne­cesidades básicas.

Para fomentar este crecimiento de largo plazo proponemos, ini­cialmente, tres focos: enfrentar la caída de productividad, desarro­llar el capital humano y fomentar un emprendimiento que comple­jice la matriz económica del país.

(1) Enfrentar la caída de productividad

El país viene experimentando una sostenida caída de la produc­tividad, la cual limita las posibilidades de crecimiento económico en el largo plazo. Existe un consenso transversal en nuestro sector de que esto es un problema serio y que debe ser enfrentado. No hay una sola medida para poder enfrentar este tema; sin embargo, dis­ponemos de ciertas herramientas que en su conjunto se encaminan a la solución. Algunas de ellas apuntan a simplificar el enjambre re­gulatorio que enfrentan las empresas, otras apuntan a crear mer­cados más competitivos, y, finalmente, a nivelar la cancha entre el mercado laboral de hombres y mujeres en este país. Queremos re­glas y permisos claros para fomentar la inversión, disponibilidad de cuidados y educación para la primera infancia, de modo de alentar el trabajo, y crear mercados competitivos, para fomentar círculos virtuosos que premien el emprendimiento.

(2) Capital humano

Una de las medidas para progresar en el crecimiento económi­co es aumentar el capital humano de los trabajadores (entendido como aquella capacidad que los hace ser más productivos en igual­dad de provisión de capital físico y de horas trabajadas). Uno de los factores que afecta la utilización eficiente de capital humano es la opacidad de las condiciones de contratación: los empleadores tie­nen información incompleta de cuáles son las reales habilidades de los potenciales empleados. Por otra parte, el endeudamiento que han soportado los profesionales a raíz del CAE, genera distorsiones en cuanto a sus decisiones de empleabilidad; y puede funcionar como un freno para que las personas con un alto potencial cognitivo tomen la decisión de estudiar.

Debemos traspasar a los deudores a un sistema de crédito justo, con cero porciento de interés, reajustado solo por el IPC. Se condonará a aquellos que hubieran tenido derecho a gratuidad.
El nuevo crédito será administrado por una institución estatal, no participará de el la banca privada.
Los deudores pagarán un máximo del 10% de sus ingresos líquidos, solo si están empleados, en periodos de desempleo el crédito de congela, y se pagará por un máximo de 10 años.
Los criterios actuales de gratuidad se mantienen para la educación universitaria y técnico profesional.

Adicionalmente, la franquicia tributa­ria otorgada por SENCE es moderadamente usada por las empresas grandes, poco por las medianas, y casi nada por las más pequeñas: el mecanismo parece no estar adecuado a su fin. Por último, cree­mos que es importante vincular más intensamente a la Educación Técnica con la actividad productiva.

Algunas soluciones a la brecha de creación y asignación de capi­tal humano en el mercado laboral son: disminuir la opacidad en el mercado laboral mediante la creación de certificaciones en mate­rias relevantes para la industria, sobre todo en el tema de las TICs. Hoy estas certificaciones funcionan muy bien cuando son habilita­doras de oficios (instalaciones de gas, buzos de profundidad), sin embargo, se pueden instituir también como señalizadoras de habi­lidades. Asimismo, cabe adecuar de mejor forma el SENCE hacia la habilitación de estas certificaciones.

De acuerdo a lo dicho anteriormente debemos revisar el CAE, para enfatizar aquellas características que lo hacen más parecido a un impuesto que a un crédito (que sea efectivamente contingente al in­greso tributable, y revisar su límite) Al mismo tiempo, debemos re­visar su condonación para quienes se encuentran endeudados y podrían haber accedido a la gratuidad; lo mismo que los intereses y multas, para quienes se encuentran en esta misma situación, pero que no podrían haber accedido a la gratuidad. Modificaremos su ad­ministración para que sea más asimilable a un tributo y así afecte menos la capacidad de endeudamiento de la población. Finalmen­te, en el caso de la educación técnica, estableceremos las instancias para poder vincularla realmente con el proceso productivo.

Diferenciamos el deporte de alto rendimiento de la actividad re­creacional. Para el primero haremos esfuerzos en posicionar a nues­tros deportistas en las principales competencias internacionales. En materia de recreación, el deporte es significativo para toda la po­blación. Por ello nuestra preocupación será contar con espacios en todo el territorio para la realización de actividad física, los colegios y las plazas deben ser parte de esta política. Los adultos mayores usualmente han quedado relegados en este contexto; en cambio, pondremos especial atención en desarrollar programas que los con­sideren directamente.

(3) Un Estado que fomenta el emprendimiento

El emprendimiento individual es fundamental para el desarrollo económico del país, independiente de lo que pueda hacer el Estado para facilitar la labor de los emprendedores. Esto es doblemente ne­cesario en Chile, ya que se trata de una economía abierta al mundo, por lo cual los emprendedores deben ser competitivos globalmen­te. A diferencia del pasado, cuando el Estado quiso proteger a nues­tras industrias de la competencia externa, hoy el Estado tiene que alentarlos y apoyarlos a competir afuera.

En ello, el Estado tiene un rol en la diversificación de la matriz productiva del país, principalmente por tres motivos. Primero, una matriz diversificada permite soportar mejor la volatilidad de precios de los recursos naturales. Segundo, en ausencia de un impulso es­tatal a la diversificación, esta tenderá a ser realizada por los mismos emprendedores, lo que necesariamente produce una mayor con­centración de la industria. Tercero, una baja complejidad económica está asociada a menores perspectivas de crecimiento a largo plazo. Aumentar la complejidad económica del país es una tarea de vastos alcances temporales y debemos comenzar a avanzar en esa direc­ción. Nuestro gobierno potenciará las herramientas actualmente existentes para lograrlo. Fomentaremos, mediante una restructura­ción de los fines y medios de los que dispone Corfo, el desarrollo de aquellas industrias que por su adyacencia a la matriz productiva actual tienen mayores posibilidades de crecer exitosamente y de ge­nerar efectos de red en el resto de las industrias cercanas.

B. REFORMA DE PENSIONES

Las pensiones son percibidas como bajas, aunque la tasa de reem­plazo no lo muestra así: la tasa de reemplazo es mayor en las rentas más bajas, en donde hay un componente importante de pensiones solidarias, lo que muestra que el problema de las bajas pensiones (con respecto a los sueldos durante la vida laboral) es antes asunto de las clases medias y de la adecuación del sistema de capitaliza­ción individual. En especial se ve reflejado en los quintiles 2 y 3, ya que el superior y los inferiores, con los datos actuales han logrado mantener rentas que cumplen con las tasas de reemplazo acepta­bles para las rentas de pensiones.

En la situación actual, gran parte de la responsabilidad por las bajas pensiones finales se le asigna al sistema de AFPs. La industria responde señalando que los mayores culpables son las lagunas pre­visionales, la baja tasa de formalidad laboral y, en menor medida, que la tasa de cotización de un 10% de los ingresos es insuficiente. Creemos que éstos son problemas de diseño de la industria, supues­tos irreales con los que se generó una justificación de su accionar, pero que se han visto confrontados al comenzar la jubilación de los primeros pensionados que sólo participaron de este sistema duran­te su vida laboral.

El sistema previsional, como un todo, debe mejorar las pensiones más bajas hoy y asegurar el correcto financiamiento de las pensio­nes en el futuro: por esto mismo se debe compatibilizar el financia­miento directo, para mejorar las pensiones hoy, aumentando las cotizaciones en cuenta individual de modo que este aporte directo vaya decreciendo progresivamente en el tiempo. La institucionali­dad actual de las AFPs se encuentra en un punto de insostenibilidad por los continuos retiros: pero no hay una respuesta fácil, la capita­lización individual es la única solución financieramente viable en un contexto de envejecimiento del país. Por lo mismo se debe conside­rar una reformulación del sistema en el que se separen las funcio­nes de captación y administración de los clientes con la decisión de inversión de los fondos: de este modo se alinearán los incentivos co­merciales, por un lado, y los incentivos de buena práctica de inver­siones, por el otro. Finalmente, se debe cambiar el mecanismo de financiamiento de los fondos, en vez de prepagar la administración de los fondos previsionales, debemos ir migrando hacia un pago por saldos ahorrados. Hay llamados a crear algún tipo de Ingreso Bá­sico Universal: creemos que debe estudiarse la factibilidad de una pensión básica universal para la vejez, condicionada con criterios de residencia en el país y compensable a través del impuesto a las herencias en el caso de las personas de alto patrimonio.

C. ALINEAMIENTO DE INCENTIVOS ENTRE EMPRESAS Y TRABAJADORES

Existe la percepción de que es posible mejorar la relación al inte­rior de las empresas, así como hacerlas más productivas en la medi­da en que se alineen los incentivos tanto de la administración como de los trabajadores. Hay claramente un horizonte de largo plazo en el que se debiera producir esa convergencia, lo que, sin embargo, no está ocurriendo. Que la convergencia se produzca supone una ampliación de los derechos en el mundo del trabajo hacia los tra­bajadores, en la forma de participación en las decisiones de las em­presas y en la entrega de un porcentaje de las utilidades de éstas. Proponemos que el Estado aliente la búsqueda de acuerdos y luego los ratifique en los términos al que lleguen las partes. Lo esencial es generar los incentivos para que ni los trabajadores ni los empleado­res renieguen de los acuerdos a los que llegan. El rol del Estado per­mitirá alinear los costos laborales por industria con miras a lograr que estos permanezcan siendo competitivos en un mercado abierto a la competencia extranjera.

D. REFORMAS TRIBUTARIAS

(1) Ampliación de la base tributaria e IVA

Existe consenso económico de que la ampliación de la base tri­butaria es vital para el desarrollo del país: por motivos de recauda­ción y de economía política (el Estado se hace más responsable de aquellas personas de las cuales depende su financiamiento). Sabe­mos, además, que el gasto fiscal como porcentaje del PIB aumenta conforme la economía crece, y, por lo tanto, urge considerar formas en las cuales la recaudación fiscal aumente en la medida en que el país es más rico. La ampliación de la base tributaria permite bajar la presión sobre las tasas y tiene efectos de economía política (la base de personas de las cuales depende el funcionamiento del Es­tado aumenta, por lo que se genera un círculo virtuoso en el cual está en el interés del Estado asegurar la prosperidad de esta base extendida). Finalmente, este aumento de la base tributaria debiese ir acompañado, idealmente, de una caída en el IVA de manera que el efecto económico sobre las familias de menores ingresos sea neutro o positivo.

Nuestra iniciativa es doble: por una parte, queremos ampliar la base tributaria con una adecuada revisión de las exenciones, y por otra, bajar el IVA de modo general. La Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad ya elaboró un primer informe preliminar con un completo diagnóstico de cuáles son algunos de los efectos de la eliminación de las exenciones. Creemos que este impulso debe ser guiado de manera de equilibrar la búsqueda de la equidad tribu­taria con la necesaria protección frente a la acción del Estado. Por lo mismo, pensamos que hay exenciones que deben ser revisadas, como el crédito fiscal al IVA para la construcción, o la restitución del impuesto de ganancias de capital. Por otro lado, hay exenciones, como la de los fondos de inversión, que son necesarias para que persistan vehículos de ahorro e inversión que beneficien a la gran mayoría de los chilenos: esto debe ir acompañado, nuevamente de un tratamiento tributario que evite los resquicios de elusión. Final­mente, hay exenciones que afectan a un gran número de chilenos: es posible plantear su eliminación de forma gradual, de modo de no afectar el quehacer diario de ellos, y en una forma en que se puedan prever y tratar los efectos adversos que la remoción de estas exen­ciones traiga. En el caso de la revisión del IVA, entendemos que es posible reducirlo. La reducción debe ser precedida de mecanismos de información y anclaje de los precios antes de IVA, para maximizar la transmisión de la rebaja a los consumidores finales.

(2) La gran minería y el FEES

Ha ido creciendo un consenso en el país respecto a que la extrac­ción de recursos naturales no renovables es un tema que amerita una visión que vaya más allá de la promoción de la inversión. La gran minería, en particular, ha tenido una regulación que ha sido exitosísima en los últimos 40 años para atraer inversiones; sin em­bargo, no queda tan claro que la división de las rentas económicas generadas por esta actividad haya sido tan favorable para el país. Adicionalmente, la institucionalidad de los Fondo de Estabilización Económica y Social, que recibe los ingresos extraordinarios del Co­bre puede ser mejorada.

Se debe balancear el fomento a la inversión con reglas creíbles de participación en las rentas económicas de la gran minería del cobre; una legislación con mirada de largo plazo implica que haya mecanismos de tributación por producción (royalties) funcionando en paralelo a la tributación por utilidades; no descartándose que los royalties puedan generar un cierto crédito tributario a los impuestos convencionales. Por otro lado, el manejo del FEES debe reconocer la transitoriedad de los recursos provenientes de la minería, no sólo buscando crear capacidades humanas en las zonas mineras, sino también capitalizando parte de los recursos en una institucionali­dad de largo plazo.

(3) La pequeña minería

Es muy importante poder diferenciar la realidad de la gran mine­ría de la pequeña minería, que depende completamente de un solo gran comprador. A diferencia de la gran minería, la actividad de la pequeña minería fomenta el empleo en las áreas mineras y genera dinamismo en cuanto a la actividad económica. Sin embargo, deben reconocerse las tensiones existentes entre actividades como la agrí­cola y la pequeña minería, por lo que la legislación de estándares ambientales en este caso debe ser claramente interpretable y apli­cable, con un principio precautorio a favor de la actividad agrícola.

El Estado continuará fortaleciendo los cuerpos legales (Ley 21.055 y otros) para el apoyo y sustento de la Pequeña Minería. En especial, durante el año 2022, Enami, Sernageomin y Sonami deberán emitir un documento conjunto y consensuado que incluirá todas aquellas acciones y elementos jurídicos necesarios y de apoyo para una Pe­queña Minería sustentable y de ejemplo mundial.

E. PRESIÓN MONETARIA DE LOS INGRESOS

En esta área existe un consenso absolutamente transversal de que la primera condición que deben cumplir la política monetaria y fiscal es ayudar a mantener la estabilidad de los precios. Este es un ámbito en el cual el Banco Central tiene un rol indiscutido, por lo que nos preocuparemos de mantener su autonomía y que ésta quede ampliamente garantizada.

Una dimensión asociada tiene que ver con los efectos del endeu­damiento personal, en el cual se puede mejorar la integración de la información de los créditos tomados por cada una de las personas, así como vigilar el rol de la CMF en la regulación del endeudamiento y en la fijación de la tasa máxima. Pretendemos avanzar hacia un sistema de créditos dinámico, sustentable, a tasas bajas y que se pa­gue, a la vez que evitar el sobreendeudamiento.

F. MEDIDAS PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Las PYMEs han tenido que soportar más de un año de funciona­miento disminuido y eso les ha afectado fuertemente en sus capaci­dades de pago y liquidez. Debemos tener en cuenta que su naturale­za es distinta al resto de las empresas. No se trata sólo de un asunto de tamaño, sino que, además, en su funcionamiento suelen com­prometer el capital total del dueño. Por esto mismo, existe una gran diferencia en el horizonte temporal con respecto a la base de nego­cios habitual del sistema financiero: los proyectos son a corto plazo, éstos deben ser atractivos y, adicionalmente, necesitan no compro­meter mucho capital de trabajo a objeto de que las empresas pue­dan llegar en buenas condiciones a fin de mes. Esta combinación hace que el principal problema a solucionar en el reflotamiento de las PYMEs sea un tema de liquidez y no uno de tasas crediticias; por ello adoptaremos medidas que vayan en este sentido:

  • Condicionar los créditos de contingencia en esta pandemia a las ventas de años anteriores de las PYMEs según industria, de modo que los montos afectos sean suficientes para recuperar las empresas y con 100% de garantía.
  • Ajustar la duración de las garantías estatales, de modo que és­tas se extiendan por el máximo plazo en el que es posible ac­ceder a un crédito.
  • Potenciar Sercotec y Fosis, con especial foco en la disemina­ción de mejores prácticas en la pequeña industria.
  • Perfeccionar el funcionamiento de la ley de pago a 30 días, de modo que se minimice el tiempo que media entre la emisión de una factura y su verificación por parte de la empresa paga­dora. Eliminar la posibilidad de acuerdo entre grandes com­pradores y Pymes.

G. PROTECCIÓN FRENTE A LOS ABUSOS – LOS PEQUEÑOS MONOPOLIOS

Hay toda un área de la economía que impacta directamente a los ciudadanos, y tiene que ver con cómo se vinculan éstos con los pe­queños monopolios surgidos de la regulación. No podemos ser ex­haustivos en esta lista, de modo que esta enunciación es ilustrativa.

  • Adaptación de los precios de los servicios prestados por contra­tos de largo plazo: En el caso de algunos servicios contratados, especialmente los tecnológicos, existe una tendencia a que los precios bajen con el tiempo; sin embargo, los planes con­tratados, una vez terminado el plazo contratado inicialmente, tienden a mantener el precio original. Por lo tanto, una me­dida regulatoria destinada a buscar la equidad en el pago de estos servicios será la de adaptar los precios de los servicios contratados al precio más económico disponible después del vencimiento del contrato.
  • Fijación de precios en autopistas: Hay un relativo consenso en que los mecanismos de información de precios en el caso de las autopistas con portales (i.e. sin peajes físicos) no son todo lo transparentes y disponibles que debiesen ser. Su adapta­ción a los horarios punta genera que finalmente se pague más por un servicio de peor calidad (hay un doble castigo: demoras y pagos más elevados). Finalmente, hay inercia de largo plazo en los mecanismos de fijación de precios de fines de semana, por ejemplo, que podrían responder efectivamente a condi­ciones de tiempos de viaje esperados.
  • Establecimiento de plazos de respuestas a servicios regulados: se deben fijar normas claras respecto de los plazos máximos de respuesta para los servicios regulados, en los cuales el ciu­dadano se encuentra en una relación de clara asimetría.
  • Gig-Economy: Estableceremos una institucionalidad, con de­rechos y deberes, para los trabajadores de los servicios en los cuales la relación laboral se da a través de una app. Sobre todo, como en el caso de Uber, en el cual afectan a una activi­dad establecida.
  • Sistema Notarial: Es menester avanzar en la descentralización del sistema notarial, sobre todo considerando los mecanismos de verificación actualmente existentes, que vuelven anacróni­cas muchas de las formas de ejercer sus tareas.
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